La gobernanza en la gestión pública

No puede medirse la calidad de una democracia sin observar a profundidad los procesos políticos, sociales e incluso económicos que promueven una gobernanza pública. Democracia y gobernanza parecen ser un binomio indisoluble cuando intentamos medir qué tanto los diferentes sistemas de gobierno que emanan de procesos electorales justos y competitivos, garantizan una serie de derechos y libertades para que las personas participen activamente en la vida pública, colaboren con sus instituciones y éstas se sometan al escrutinio público.

Democracia

Si bien Norberto Bobbio (1996) y Joseph A. Schumpeter (1984) consideran que la democracia implica condiciones políticas e institucionales para que la ciudadanía elija a sus representantes y la facultad de éstos para tomar las mejores decisiones, la democracia formal consiste en garantizar elecciones libres y equitativas para que los ciudadanos puedan competir pacíficamente por el poder, buscando los votos de las personas.

Algunos otros teóricos como Adam Przeworski (1998) amplían esta definición al señalar que el poder de elegir a los representantes y garantizar elecciones limpias dentro de un Estado, no es suficiente para asegurar que los depositarios del poder tomen las mejores decisiones. Przeworski sugiere que, dentro de un entorno democrático, además de procesos electorales equitativos, se deben garantizar la participación ciudadana, la transparencia, el derecho de acceso a la información, la libertad de expresión y una serie de libertades económicas, políticas, sociales e incluso religiosas. Se trata de dotar al ciudadano de garantías y capacidades para que, cuando no esté en el poder público, pueda evaluar las acciones de sus autoridades y exigirles cuentas.

Así pues, por un lado, se puede señalar que la democracia es el conjunto de normas sociales, políticas y civiles que buscan garantizar los derechos y libertades de las personas para que, a través del conjunto de instituciones que conforman el Estado, sean capaces de participar no sólo en la elección de sus gobernantes, sino también en el ejercicio mismo del poder.

De esta manera, la democracia como forma de gobierno podría convertirse en una carcasa vacía si no viene aparejada de un compromiso político real que establezca las condiciones para que las instituciones se conviertan en espacios públicos en los que se pueda articular una coordinación amplia entre la sociedad y el propio gobierno. Asimismo, es necesario incorporar la experiencia, ideas y aportaciones de múltiples actores para la atención participativa de los asuntos públicos, pues, como lo señalaba Przeworski, los procesos electorales no necesariamente garantizan el fortalecimiento institucional y tampoco una toma de decisiones públicas óptima.

Gobernanza y democracia

Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE, 2011), la gobernanza es todo aquel sistema de acuerdos formales e informales que determina cómo se toman las decisiones y cómo se elaboran las políticas públicas, en un marco de respeto a los valores constitucionales de un país. Sus elementos básicos son: transparencia, rendición de cuentas, eficiencia y eficacia gubernamental, capacidad de respuesta a las demandas ciudadanas, visión prospectiva y Estado de Derecho.

Por lo tanto, la gobernanza es un elemento central de la democracia, ya que permite a la sociedad involucrarse en el proceso de toma de decisiones, y no sólo delegar la responsabilidad del ejercicio del poder con su voto. En este contexto, los Estados dirigen su atención hacia el fortalecimiento de las instituciones públicas para hacer frente a retos tanto sociales, como económicos y políticos, es decir, se les otorgan amplias atribuciones y capacidades para cumplir con su función, que es la de atender las demandas y necesidades de las personas de manera expedita.

En la gestión cotidiana de los asuntos públicos, es decir, en el momento en el que se toman decisiones cruciales que afectan la calidad de vida de las personas, es donde la gobernanza pública cobra sentido, ya que contribuye a generar mecanismos directos de control del ejercicio del poder y promueve que la sociedad comparta la responsabilidad con sus autoridades en la gestión de los asuntos públicos y en la solución de problemas diversos.

La calidad de una democracia depende, en gran medida, de la capacidad de sus agentes de implementar medidas de gobernanza que, además de garantizar procesos electorales transparentes y equitativos, permitan contar con un marco jurídico e institucional capaz de respaldar y tutelar garantías, libertades y derechos para la sociedad, al tiempo que, al incorporar herramientas como la transparencia y la participación ciudadana en el actuar cotidiano de las instituciones públicas, se mejora la efectividad gubernamental.

Adicionalmente, la evaluación sistemática, la rendición de cuentas y la posibilidad de juzgar y sancionar la responsabilidad de las personas servidoras públicas en el ejercicio de sus funciones, promueve también la mejora continua y el desarrollo de instituciones cada vez más robustas, mismas que se adaptan más rápido al cambio.

La sociedad espera contar con instituciones oportunas, sensibles y responsivas; cuando esto no se logra, las personas dejan de participar y se genera desconfianza. Muestra de ello es la crisis de legitimidad por la que atraviesa la democracia como forma de gobierno en el mundo,¹ y que es síntoma de que los propios regímenes democráticos no han podido garantizar entornos favorables de entendimiento y colaboración entre los diferentes actores que componen un Estado, lo que ha ocasionado una creciente incapacidad de las autoridades para atenuar los efectos de las diferentes crisis sobre el desarrollo de los países.

Sin embargo, el problema no sólo radica en la falta de voluntad política para asegurar las condiciones que propicien el abordaje participativo de los temas que más le afectan a la sociedad, sino también en la ausencia de un enfoque integral que se oriente a mejorar los procesos al interior de las instituciones públicas y la forma en que éstas se relacionan con las personas.

La gobernanza también debe contribuir a fortalecer las democracias mediante la articulación de estrategias que promuevan, al interior de las organizaciones públicas, una cultura organizacional no solo orientada a los resultados, sino a la generación de habilidades y capacidades institucionales para mejorar la comunicación bidireccional, la resiliencia y el trabajo en equipo. Sin este tipo de cualidades institucionales –que muchas veces quedan fuera de la teoría o las definiciones de gobernanza o democracia–, es muy difícil que exista una buena relación entre las personas y sus gobiernos.

Esta situación va más allá de la esfera institucional y también concierne a la esfera individual, dado que, para tener instituciones efectivas, sensibles y altamente oportunas, necesitamos que las personas que las conforman dispongan de habilidades y competencias socioemocionales para entenderse con los demás, saber escuchar y comunicarse, solidarizarse, empatizar, enfrentar situaciones adversas, generar acuerdos, construir consensos y trabajar en equipo. La gobernanza, hoy, puede jugar un papel relevante al promover espacios de diálogo y la colaboración pública mediante la inversión en el desarrollo de estas competencias y habilidades, tanto a nivel institucional como individual.

Todo país atraviesa momentos que ponen a prueba el andamiaje institucional y normativo que dan sustento a la democracia. Estos pueden ser, desde elecciones complejas y muy disputadas, hasta desastres naturales o revueltas sociales en las que las personas manifiestan su hartazgo por la falta de atención a sus demandas. Las instituciones públicas están llamadas no sólo a mantener la paz y el orden, sino también a atender estas demandas, resolver problemas públicos y asegurar las condiciones para que los sectores público, privado y social, puedan aportar su trabajo en favor del bien común, con la finalidad de evitar que la desconfianza y la falta de garantía de derechos y libertades generen inestabilidad para el régimen.

En adición a lo anterior, promover esquemas de cogobierno entre las personas y sus autoridades, abre la posibilidad de que existan más espacios públicos para mejorar paulatinamente la acción colectiva en favor del bien de la sociedad.

Respecto a dicho índice, México mantiene un nivel considerable de desconfianza en sus instituciones, lo que impacta de forma negativa en la eficacia del sistema político, lo anterior como parte de la persistencia de problemas como la corrupción y la falta de transparencia. En el informe “Government at a Glance 2023” de la OCDE, México presenta resultados relativamente bajos de sus instituciones públicas –en materia de confianza en el gobierno–, similar a lo que ocurre en Colombia y Brasil, pero por debajo de países como Costa Rica, donde la sociedad reporta mayor satisfacción con los servicios públicos.

Promover esquemas de cogobierno entre las personas y sus autoridades, abre la posibilidad de más espacios públicos para mejorar la acción colectiva

Contexto actual

En México, en un escenario nacional de polarización, falta de colaboración, diferencias que no se resuelven y la ausencia de consensos, cuán importante sería apostar por una iniciativa de esta naturaleza.

En la actualidad nos encontramos en un contexto político muy similar al de la primera mitad de los años noventa, justo antes de que el partido en el poder –en aquel entonces el Partido Revolucionario Institucional– perdiera la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión en 1997, hecho que fue un parteaguas en la ruta hacia lo que históricamente se conoce como la transición democrática mexicana del año 2000.

Si bien una mayoría avasallante en ambas Cámaras puede considerarse una ventaja para el partido en el poder, también representa una debilidad, pues abrir espacios de negociación productivos que deriven en acuerdos que tomen en cuenta la visión y la voz de diferentes representantes populares, se vuelve prácticamente innecesario, como fue posible observar en la reciente aprobación de la reforma constitucional sobre el Poder Judicial de la Federación. La sobrerrepresentación, así como la carencia de incentivos para que los diferentes actores políticos busquen consensos, son elementos que juegan en contra de la gobernanza pública, pues profundizan las diferencias políticas y generan división social, al reducir la posibilidad de que las decisiones más trascendentales para nuestro país sean producto de un diálogo abierto e incluyente.

En este mismo sentido, el paquete de reformas que el Ejecutivo federal envió al Congreso de la Unión el 5 de febrero de 2024, en el que se propuso la eliminación de algunos órganos constitucionales autónomos, pone en riesgo el sistema de pesos y contrapesos que, hoy por hoy, contribuyen a evitar un ejercicio discrecional y la concentración del poder, ya que de materializarse, se estarían asignando al Ejecutivo –nuevamente– tareas que por su naturaleza requieren ser realizadas por instituciones con autonomía, especialidad técnica y profesionalización, para hacer frente a las demandas de una sociedad cada vez más informada, crítica y demandante.

Cabe recordar que la existencia de estos órganos autónomos obedece a la necesidad de atender temas de alto interés para la vida pública como, por ejemplo, la evaluación de la política social o educativa, la defensa de los derechos humanos, la administración de la justicia, la garantía de los derechos de acceso a la información y protección de datos personales, la regulación de las telecomunicaciones, la competencia económica, entre otros. Al contar con independencia del poder público en turno, estos órganos se han convertido en espacios idóneos para detonar una participación ciudadana más activa y productiva, pues además de promover una evaluación imparcial de la acción gubernamental, también orientan su actuación hacia la tutela de derechos humanos fundamentales y la garantía de libertades indispensables para el desarrollo pleno de las personas.

Frente a este escenario, no es posible hablar –todavía– de un retroceso democrático, pero sí de que existe un riesgo considerable que la calidad de la democracia mexicana se vea afectada, ya que en estos dos ejemplos se observan prácticas que no favorecen esquemas de gobernanza efectivos que integren la mayoría de las voces y el trabajo que son requeridos en la construcción de un país más incluyente, justo y próspero.

A finales de la década de los años ochenta, en la arena internacional quedó demostrado que haber asignado un mayor número de tareas a un sólo Poder del Estado, provocó un anquilosamiento y una parálisis institucional que limitó por años la atención de los problemas sociales y las demandas de las personas con la oportunidad requerida. Esto abrió la puerta a la reflexión sobre la necesidad de un nuevo diseño institucional para promover administraciones más eficientes, menos burocráticas y que incorporan elementos de la iniciativa privada y de las organizaciones de la sociedad civil, para obtener mejores resultados, lo que dio origen a un renovado modelo de gestión gubernamental mejor conocido como la Nueva Gestión Pública.

Como es posible apreciar, no basta con garantizar elecciones limpias, además, es necesario crear condiciones de gobernanza para abrir espacios de interacción gobierno-sociedad, en los cuales, se aborden los grandes problemas nacionales, se atiendan las injusticias, se reparen los agravios sociales, se les dé voz a los grupos históricamente marginados y se ponga a las personas y sus necesidades en el centro de la acción pública.

Conviene también diseñar una serie de estrategias encaminadas a fortalecer las instituciones públicas a partir de un enfoque integral y multidisciplinario no sólo orientado en obtener mejores resultados, sino también, al desarrollo de capacidades individuales que promuevan la resiliencia, la empatía, la solidaridad, y el trabajo en equipo, como precursores de la evolución institucional y el cambio social.

En países como Singapur, Colombia y España, se han puesto en marcha estrategias que tienen como finalidad otorgar a las y los estudiantes este tipo de habilidades a temprana edad, lo cual ha generado resultados positivos tangibles sobre la forma en que conviven entre sí, pues aprenden a trabajar en equipo y a resolver problemas de manera conjunta a pesar de sus diferencias. De acuerdo con el Banco Interamericano de Desarrollo (2020), este tipo de habilidades contribuyen a construir relaciones saludables al interior de la familia y en la comunidad.

En un marco de gobernanza democrática, dirigir por primera vez la atención hacia la formación de personas en competencias socioemocionales, abriría la puerta para mejorar la democracia como forma de gobierno, pues no sólo orientaría sus esfuerzos en garantizar derechos y libertades para las y los ciudadanos, sino también, otorgarles la posibilidad de construir identidades saludables y, con ello, relaciones personales y profesionales equilibradas en un marco de empatía, solidaridad y responsabilidad, valores que se vuelven muy necesarios para el desarrollo sostenible de cualquier país. 

Bibliografía

Arias, E., et al. (2020). Educar para la vida. El desarrollo de las habilidades socioemocionales y el rol de los docentes, División de Educación, BID.

Banco Mundial (2022). Gobernanza, recuperado de: https://www.bancomundial.org/es/topic/governance/overview, fecha de consulta: octubre de 2024.

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile (2018). El modelo que impulsa Singapur para potenciar habilidades sociales en sus estudiantes de primaria, Observatorio Parlamentario Asia Pacífico, 2018. recuperado de: https://www.bcn.cl/observatorio/asiapacifico/noticias/modelo-evaluacion-cualitativa-educacion-primaria-singapur, fecha de consulta: octubre de 2024.

Bobbio, N. (1991). El Futuro de la Democracia. México: FCE.

Colbert, V. (1991). La experiencia educativa "Escuela Nueva" de Colombia, UNESCO, recuperado de: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000091134_spa, fecha de consulta: octubre de 2024.

En sus Zapatos (2024). Un espacio de empatía activa, recuperado de: https://programasuszapatos.org/que-es/, fecha de consulta: octubre de 2024.

OCDE (2011). Hacia una gestión pública más efectiva y dinámica en México. Resumen, Estudios de la OCDE sobre gobernanza pública, recuperado de: https://search.oecd.org/gov/regulatory-policy/48808023.pdf, fecha de consulta: octubre de 2024.

Przeworski, A. (1998). "El Estado y el ciudadano", en: Política y Gobierno. vol. V, Núm. 2, Segundo Semestre de 1998, CIDE.

— (1997). "Una defensa de la concepción minimalista de la democracia", Revista Mexicana de Sociología, Vol. 59, Núm. 3, UNAM.

Schumpeter, J.A. (1984). Capitalismo, Socialismo y Democracia, Barcelona: Folio.