Integridad, servicio público y transparencia proactiva

El servicio público es una de las labores con mayor grado de exigencia, así como una de las más vigiladas y controladas por distintos ordenamientos, mismos que tuvieron una importante evolución a partir de la reforma constitucional de mayo del 2015, cuando se integró el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA). Dicha reforma establece la creación de la Ley del Sistema Nacional Anticorrupción (LSNA), las leyes estatales anticorrupción, además de la Ley General de Responsabilidades Administrativas (LGRA) y contempla reformar distintos ordenamientos que tienen como objetivo principal el combate a los actos de corrupción, así como la sanción a las y los servidores públicos y particulares involucrados en dichos actos, todo ello, a través de la coordinación entre instituciones.  

De igual manera, la LGRA establece los principios que deberán de observar las y los servidores públicos en el desempeño de su encargo o empleo, tales como: la disciplina, la legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, rendición de cuentas, la eficacia y la eficiencia (LGRA, art. 7). Para aplicar dichos principios, la LGRA establece elementos normativos, así como procedimientos que deberán de realizarse para el correcto actuar de los servidores públicos y sancionarlo en caso de que no fuese así. Uno de dichos elementos más importantes es la implementación del Código de Ética en cada una de las dependencias y entidades, mismo que deberá de ser emitido por los Órganos Internos de Control (OIC) o bien, por las Secretarías (LGRA, art. 16). Ahora bien, desde esta perspectiva, ¿cómo se vinculan el tema normativo y la implementación del Código de Ética? 

A partir de la creación del SNA los ordenamientos generados para dar cumplimiento a dicho sistema, así como a su política, contemplan, en un primer momento, la prevención, misma que se garantizará principalmente por medio de la integridad de los servidores públicos, establecida tanto en el Código de Ética como en el Código de Conducta. Ambos Códigos establecen los principios y directrices que deberán observar cada uno de los servidores públicos, junto a sus respectivas sanciones, en caso de no hacerlo.

Es importante definir la integridad para comprender el conjunto de principios y valores que deberán atender y observar las y los servidores públicos. Una de las definiciones más que aborda la integridad con mayor precisión es la que sugiere la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), al referir la integridad pública como la “alineación consistente con, y el cumplimiento de los valores, principios y normas éticos compartidos, para mantener y dar prioridad a los intereses públicos, por encima de los intereses privados, en el sector público” (OCDE, 2017).

Los principios, valores y las normas éticas que refiere la definición se encuentran perfectamente establecidos tanto en el Código de Ética como en el de Conducta, mismos que, a su vez, cuentan con un Comité de Ética que garantizará la difusión de ambos, así como de su cumplimiento. A pesar de que las y los servidores públicos no estamos exentos a las sanciones por el desconocimiento de la norma, es de gran importancia la difusión y la explicación de los códigos como materia de prevención ya que una de las principales políticas de la LGRA y de la LSNA es prevenir los actos de corrupción.

En este sentido, desde las entidades federativas se tiene la responsabilidad de armonizar y aplicar esta dinámica preventiva. Tal es el caso de la Secretaría de la Función Pública (SFP), instancia que, por ejemplo, en el caso de Zacatecas, ha realizado esta labor en materia de prevención por medio de la publicación del nuevo Código de Ética (en abril de 2022), así como del Código de Conducta (noviembre de 2023). De igual manera, dentro de las actividades de coordinación con las dependencias y entidades del Ejecutivo, se integraron por vía convocatoria 49 Comités de Ética, conformados por 390 servidores públicos, además de las capacitaciones a las y los servidores de distintas dependencias y entidades el seguimiento para la creación de sus Códigos de Conducta. 

Por tanto, la integridad en el servicio público debe garantizarse a través de la actualización de las normas, la capacitación y la difusión, siendo estos los elementos clave para que, con pleno conocimiento, los servidores actúen de acuerdo a los principios, pautas y valores que se rigen en el actuar público.

Las administraciones públicas, aparte de contar con servidores públicos íntegros, tienen una gran responsabilidad con la ciudadanía, motivo por el que deben rendir cuentas, informando cada una de sus acciones, así como de los recursos utilizados, siendo el elemento clave para que la población cuente con herramientas para exigir o bien, para reconocer a sus gobernantes, por ello es de suma importancia que los gobiernos implementen herramientas tecnológicas para una eficaz rendición de cuentas. 

En razón a lo anterior, una de las exigencias ciudadanas más imperantes es la rendición de cuentas sobre las obras realizadas, además de los recursos utilizados en el proceso de estas, como un caso de rendición de cuentas y transparencia proactiva, es decir, un ejercicio que garantice el derecho de acceso a la información que robustezca nuestra calidad democrática. 

Para tal efecto, los gobiernos de los tres órdenes en el país pueden utilizar sus plataformas y portales en línea, de manera que la ciudadanía visualice de una manera muy dinámica todo el histórico de cada una de las obras, desde la convocatoria hasta la licitación y/o adjudicación, además de revisar el fallo, las empresas ganadoras, el recurso destinado y el porcentaje de avance. 

Lo anterior es un ejemplo práctico sobre cómo la rendición de cuentas es clave para que la ciudadanía, por medio de herramientas –como lo son las plataformas digitales–, tenga conocimiento pleno de las acciones que desempeñan los gobiernos. Igualmente, esta rendición de cuentas termina redituando en una mayor satisfacción ciudadana con el desempeño de las y los servidores públicos, así como en la reducción de solicitudes de acceso a la información e investigaciones periodísticas, puesto que la información de interés público, que en su mayoría es consultada por medio de solicitudes de acceso a la información, ya puede visualizarse en cualquier momento en dichas plataformas. 

Es importante que en todas estas acciones se involucre a la ciudadanía para garantizar una gobernanza efectiva, dado que, para el desarrollo de las políticas públicas, se debe considerar a todos los sectores poblacionales involucrados, para que dichas acciones vayan enfocadas en su beneficio por medio del involucramiento de la ciudadanía en la vigilancia de las acciones gubernamentales, tales como en el desarrollo de las obras públicas. Motivo por el que desde la Contraloría Social se debe fomentar la construcción de los Comités de Contraloría, en los que se encuentren involucrados los representantes ciudadanos, respecto al desarrollo de políticas o bien, de obras en los que se verán beneficiados. 

El involucramiento de la sociedad por medio de los comités puede devenir en una mayor satisfacción en la implementación de los programas y en la focalización a resolver las necesidades y problemáticas de los sectores poblacionales. 

De esta manera, vale destacar que el éxito y la importancia que tiene la relación estrecha entre ciudadanía y gobierno, no solo facilita la toma de decisiones importantes para el entorno, sino que asegura una cobertura de necesidades que tiene la sociedad, además de servir con una perspectiva de Gobierno Abierto, cercano a la población y generando confianza en las instituciones públicas. Por ello, la integridad es algo que se construye. Y es necesario darle continuidad y resaltar que su inherencia a la función pública incide directamente en la participación de la sociedad como uno de los pilares fundamentales de nuestra democracia.  

Bibliografía y fuentes de información

Cámara de Diputados. (2022). “Ley General de Responsabilidades Administrativas”, recuperado de: https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGRA.pdf, fecha de consulta: mayo de 2024.

INAI. (2022) “El ABC de la Transparencia Proactiva”, recuperado de: https://micrositios.inai.org.mx/gobiernoabierto/wp-content/uploads/2022/12/ABC_de-la-transparencia_1.pdf, fecha de consulta: mayo de 2024.

OCDE. (2017). Recomendación del Consejo de la OCDE Sobre Integridad Pública, recuperado de: https://www.oecd.org/gov/ethics/recomendacion-sobre-integridad-es.pdf, fecha de consulta: mayo de 2024.