Integridad, desarrollo empresarial y combate a la corrupción
Integridad, desarrollo empresarial y combate a la corrupción
La corrupción es un problema que afecta el desarrollo económico y social de cualquier nación. En 1996, James D. Wolfenson, entonces presidente del Banco Mundial (BM), la reconoció como un “cáncer” que desalienta la inversión extranjera, distorsiona el gasto público, aumenta el costo de los negocios y desvía los recursos de los pobres a los ricos (Ugaz Sánchez-Moreno, 2010). En México, la ciudadanía la reconoce también como uno de los problemas que le generan mayor preocupación (INEGI, 2023); sus costos asociados en pagos, trámites o solicitudes de servicios, u otros contactos con la autoridad, están en ascenso. De acuerdo con cifras del INEGI (2024), cerca de 12 mil millones de pesos y, durante 2023, una de cada cuatro personas que hizo trámites para abrir un negocio (emprendedores) sufrió y experimentó algún acto de corrupción en ese proceso (El Universal, 2024).
Durante largo tiempo, el problema de la corrupción estuvo relacionado únicamente a la conducta y responsabilidad individual de las autoridades y servidores públicos. Sin embargo, hoy son cada vez más quienes lo reconocen como un fenómeno complejo que involucra la participación de redes y no de individuos aislados: organizaciones transnacionales, actores y entidades que están fuera del sector gubernamental (Heywood, 2015; Instituto de Investigación en Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción, 2021; Johnston y Fritzen, 2021). Además, la tendencia creciente de coordinación y vinculación entre el sector público y privado –mediante asociaciones públicas-privadas, la subcontratación de personal o la contratación de obra pública, por ejemplo– han contribuido a difuminar las fronteras existentes entre ambas esferas, y abrir nuevas formas de corrupción, como son los conflictos de interés, la denominada puerta giratoria, entre otras (Heywood, 2015).
Ante ese escenario de entrelazamiento y articulación entre lo público y lo privado, la iniciativa privada (IP) ha adquirido un rol relevante y fundamental en la lucha contra la corrupción. Incluso, en los años recientes, a nivel internacional y nacional se han incluido, de manera progresiva, “obligaciones de cumplimiento y se han establecido nuevos instrumentos legales para aplicar sanciones a particulares y a personas jurídicas (empresas) relacionadas con faltas administrativas, es decir, a las empresas también pueden imputárseles responsabilidades administrativas” (Carta Terrón, 2022: 16). Es decir, actualmente la corrupción es reconocida como un problema que afecta a la sociedad en su conjunto, cuyo combate y atención requiere de una responsabilidad compartida para todos los miembros de la sociedad, incluido el sector privado.
Hasta ahora el principal obstáculo es que en la IP los esfuerzos deliberados para combatir y erradicar la corrupción son todavía incipientes y poco extendidos. Por ello, el presente texto pretende describir al compliance y a las políticas de integridad como herramientas fundamentales para atender el problema de corrupción desde la IP. Además, se parte de la premisa de que, tanto el compliance como las políticas de integridad son fundamentales para promover el desarrollo empresarial. En ese sentido, la utilización y aplicación de esas herramientas en los ecosistemas privados presenta un doble beneficio: por un lado, mejoran el funcionamiento cotidiano al interior de las organizaciones –a través del aumento de las probabilidades de lograr los objetivos planteados–, y contribuyen a promover la lucha y combate a la corrupción en la sociedad. Por lo que el desafío más importante para la IP es traducir cada propósito y buena intención en acciones concretas. Principalmente que promuevan y consoliden valores como la integridad, la responsabilidad, el compromiso, la honestidad y la cultura de la legalidad.
El compliance y las políticas de integridad como herramientas fundamentales para el desarrollo empresarial y el combate a la corrupción.
La creación de riqueza y valor en los ecosistemas de la IP no está reñida con el buen funcionamiento de la sociedad, el mercado e instituciones públicas (Carta Terrón, 2022). Por el contrario, el desarrollo empresarial –entendido como el conjunto de procesos y elementos que permiten al empresariado llevar a su(s) organización(es) al cumplimiento de sus objetivos (Delfín y Acosta, 2016)– es un elemento fundamental para construir sociedades justas y mercados competitivos. Además de asegurar el cumplimiento de las leyes, se promueven las buenas prácticas de los negocios y la contribución al combate de la corrupción. El reto está en promover, fomentar y extender la utilización de procesos e instrumentos que faciliten el cumplimiento de los objetivos empresariales, sociales o comunes.
En ese sentido, el compliance y las políticas de integridad representan herramientas relevantes para promover el desarrollo empresarial y contribuir al combate de la corrupción desde el sector privado. Mediante su desarrollo e implementación, los ecosistemas privados tienen la oportunidad de crear mejoras para garantizar el correcto funcionamiento y el proceder de los negocios, mejorar la reputación empresarial, así como promover la competencia justa, leal y ética entre las empresas. Asimismo, permiten a los negocios “reducir los riesgos de sucesos de corrupción en las organizaciones” (Carta Terrón, 2022: 13), así como garantizar el cumplimiento de las leyes en sus actividades cotidianas y en sus interacciones con el sector público.
En México, los temas relacionados con el compliance son relativamente novedosos, pero comienzan a cobrar más impulso en la actualidad en el marco de la lucha anticorrupción. Desde la perspectiva del compliance y las políticas de integridad, la corrupción es reconocida como un factor determinante en el incumplimiento de las leyes y la realización de prácticas de negocios éticamente cuestionables. En ese sentido, la corrupción es, como lo define Merino (Instituto de Investigación en Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción, 2021; 2018), la captura del Estado (de sus puestos, presupuestos y decisiones) para la obtención de beneficios políticos o económicos a favor de unos cuantos. De ahí, la responsabilidad de la iniciativa privada por aquellas acciones que están orientadas a “obtener ventajas indebidas (públicas o privadas) y/o corromper los sistemas legales, sociales y organizacionales para lograrlo” (Carta Terrón, 2022: 15).
El compliance representa algo más que una estrategia o herramienta orientada a promover la actuación profesional, comprometida y responsable de los integrantes de la organización. Es, ante todo, un nuevo modelo de gestión organizacional orientado a “garantizar el correcto actuar de los negocios, especialmente en un contexto de globalización” (Carta Terrón, 2022: 10). Y ese correcto actuar de los negocios, está asociado con mejoras en el funcionamiento interno de la organización y la competencia justa y leal entre empresas. También consta de promover la integridad empresarial en todos los ámbitos, incluidas sus interacciones con el sector público.
Actualmente, uno de los principales instrumentos o modelos para asegurar el compliance empresarial son las políticas de integridad. Estas surgieron recientemente con el nacimiento del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) –de manera más precisa, con la publicación en el año 2016 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas (LGRA). En términos generales, las políticas de integridad son definidas “como el conjunto de elementos de autorregulación y controles internos que permitan mitigar y reducir los riesgos de corrupción, así como garantizar una cultura de integridad al interior de las empresas y organizaciones” (Contraloría del Estado. Gobierno de Jalisco, s/f, p. 5). Y consisten “en un conjunto de documentos, sistemas, políticas y mecanismo enfocados a la gestión anticorrupción de la organización” (Carta Terrón, 2022: 14).
En ese sentido, las políticas de integridad parten del hecho de las organizaciones privadas pueden ser sujetas de responsabilidad y sanción por faltas administrativas o delitos derivados de hechos de corrupción. Una forma de disminuir los riesgos de corrupción y de prevenir ese tipo de conductas y sanciones es contar, al interior de los ecosistemas de la IP, con elementos básicos como un manual de organización y procedimientos; un código de conducta; sistemas adecuados y eficaces de control, vigilancia y auditoría; sistemas adecuados de denuncia; sistemas y procesos adecuados de entrenamiento y capacitación. Además de políticas de recursos humanos tendientes a evitar la incorporación de personas que puedan generar un riesgo a la integridad de la corporación, así como mecanismos que aseguren en todo momento la transparencia y publicidad de sus intereses.
Ese paquete básico de elementos que conforman las políticas de integridad contribuye al desarrollo empresarial y mejoramiento de los ecosistemas de la iniciativa privada. Es difícil imaginar que una organización pueda cumplir adecuadamente con sus propósitos si carece de un manual de organización y procedimientos que delimiten y asignen funciones y responsabilidades. Así pues es indispensable un sistema de control, vigilancia y auditoría que dé seguimiento constante y periódico al cumplimiento de las metas organizacionales, o de un código de conducta que establezca y promueva comportamientos apropiados al interior y en nombre de la organización. En otras palabras, el desarrollo empresarial y el combate a la corrupción son procesos y elementos que pueden reforzarse mutuamente mediante las dos herramientas aquí mencionadas: las políticas de integridad y la aplicación de estándares de cumplimiento empresarial.
Por su parte, cabe destacar que las políticas de integridad pueden ser aplicadas en cualquier tipo de empresa, independientemente de su tamaño o si celebra contratos con el gobierno. En ese sentido, Carta Terrón (2022) brinda tres razones por la cuales las empresas deben desarrollar e implementar políticas de integridad:
1. “Todas las empresas pueden caer en alguno de los supuestos prohibidos por la ley” (p. 32). Cualquier empresa, en algún momento, tiene que realizar trámites con entidades públicas. Y ello representa un riesgo de corrupción (como el soborno) que debe ser prevenido –más aún en países con corrupción sistémica como México. De ahí la importancia de los códigos de conducta y sistemas adecuados de denuncia.
2. “En el mundo globalizado, la reputación empresarial empieza a tener un mayor valor de mercado” (p. 32). Los elementos tradicionales de reconocimiento empresarial (arraigo y permanencia en una región determinada) hoy son menos importantes que la reputación empresarial, construida a partir del “conjunto de evidencias que demuestren que es un negocio cumplido y honesto” (Carta Terrón, 2022: 33) y capaz de interactuar adecuadamente con empresas lejanas y desconocidas. De ahí la importancia del compliance y de los sistemas de vigilancia y control.
3. “El encadenamiento productivo está sucediendo mejor entre agentes económicos de bajo riesgo” (p. 33). La construcción de confianza entre negocios y empresas que demuestran cumplir adecuada y oportunamente sus contratos y acuerdos, adquiere cada vez mayor importancia. Aunado a que cada día, esa interacción toma mayor consideración a las buenas prácticas y medios internos de las organizaciones, así como su adecuado desempeño. Por eso la importancia del compliance y las políticas de integridad en general.
Además, iniciativas locales han creado incentivos y beneficios para las empresas que desarrollan y aplican políticas de integridad en sus ecosistemas organizacionales. Por ejemplo, el Distintivo Pro Integridad de Empresas de la Contraloría del Estado del Gobierno de Jalisco otorga algunos beneficios como dar un valor agregado en las contrataciones públicas a las organizaciones que adquieran ese distintivo, o las consideradas en las leyes. Estas mismas atenúan las sanciones por faltas administrativas a las personas morales que cumplan con las políticas de integridad.
En conclusión, en las décadas más recientes, el combate a la corrupción es una de las principales prioridades y preocupaciones a nivel internacional, nacional y local. La corrupción ha sido reconocida como un problema cuya resolución implica una responsabilidad compartida entre todos los ámbitos y sectores sociales, incluida la IP. En ese sentido, existen esfuerzos y acciones orientadas a sumar a la iniciativa privada en la erradicación de ese problema. Entre ellos, dos herramientas son fundamentales: el compliance y las políticas de integridad. De ahí que la iniciativa privada tenga el desafío de incorporarlas en su funcionamiento cotidiano y, sobre todo, promover día con día la integridad, la responsabilidad, el compromiso, la honestidad y la cultura de la legalidad entre sus miembros. Sin esas herramientas, propósitos y valores en la IP, no solo el combate a la corrupción quedará incompleto, sino que también será difícil garantizar y promover el adecuado desarrollo empresarial.
Bibliografía y fuentes de información
Carta Terrón, P. (2022). Compliance y políticas de integridad con gúia breve de recomendaciones para MIPYMES. Porgrama de las Naciones Unidas para el Desarrollo | United States Agency for International Development | Iniciativas Humanas y Sociales, A.c.
Contraloría del Estado. Gobierno de Jalisco. (s/f). Manual distintivo: Pro integridad empresas. https://ce.jalisco.gob.mx/sites/ce.jalisco.gob.mx/files/manual_distintivo_pro_integridad_v6_version_distintivo.pdf
Delfín Pozos, F. L., & Acosta Márquez, M. P. (2016). Importancia y análisis del desarrollo empresarial. Pensamiento & Gestión, 40, 184–202.
El Universal. (2024). Corrupción para abrir empresas, en nivel récord. https://www.eluniversal.com.mx/cartera/corrupcion-para-abrir-empresas-en-nivel-record/
Heywood, P. M. (2015). Introduction: Scale and focus in the study of corruption. En P. M. Heywood (Ed.), Routledge Handbook of Political Corruption (pp. 1–13). Routledge Handbooks.
INEGI. (2023). Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2023. Principales resultados: Problemas sociales, comunitarios y cohesión social.
——— (2024). Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental ENCIG - 2023. Principales resultados.
Instituto de Investigación en Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción. (2021). Sobre el combate a la corrupción en México. Informe país, 2020. Universidad de Guadalajara.
Johnston, M., & Fritzen, S. A. (2021). The conundrum of corruption: Reform for social justice. Routledge.
Merino, M. (2018). Opacidad y corrupción: Las huellas de la captura. Ensayo sobre la definición del problema que entrelaza al Sistema Nacional de Transparencia y al Sistema Nacional Anticorrupción.
Ugaz Sánchez-Moreno, J. C. (2010). Algunos apuntes sobre la corrupción. IUS EST VERITAS, 20(4), 370–379.