“Hoy, las mujeres están presentes en más espacios de alto perfil político y peso público” entrevista con Neyra Josefa Godoy Rodríguez

Neyra Josefa Godoy Rodríguez es maestra en Políticas Públicas y licenciada en Estudios Políticos y Gobierno por la Universidad de Guadalajara, además de contar con una maestría en Contraloría Gubernamental por el Centro Universitario de Guanajuato. Actualmente es la presidenta del Comité de Participación Social y del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción. En esta entrevista para Nodos, nos comparte las claves para el buen gobierno y la inhibición de la corrupción, como es la armonización de esta lucha entre gobiernos municipales, estatales y el nacional, así como la aplicación de las políticas públicas en este ámbito y el blindaje de los sistemas anticorrupción para un Estado con más garantías de integridad pública y gobernanza.

La corrupción es un problema sistémico y estructural en todo el país, ¿cómo abatir desde los estados de la República el desgano social, la impunidad y la débil participación ciudadana en el control de la corrupción?

Partamos de la Política Estatal Anticorrupción de Jalisco (PEAJAL), en la que se construyó una definición base del concepto de corrupción como un “fenómeno social en el cual existen condiciones sistemáticas de apropiación ilegítima del espacio público para propósitos privados”. A partir de de este concepto se estructura la redacción del problema público para la construcción de un diagrama formal de problemas con causas y consecuencias, se definen también otros términos como la incapacidad del gobierno, sociedad civil, iniciativa privada para el control de la corrupción.

La inserción de estas definiciones en la PEAJAL nos dice que la corrupción es un problema público, uno con raíces profundas que demanda la intervención de tres sectores clave: del gobierno a través de sus estructuras administrativas, de todo el aparato que operacionaliza las funciones normativas; de la sociedad civil desde fuera, apoyando a la construcción de la agenda pública, revisando que las cosas se hagan bien, integrando algunos temas a la discusión; y, por supuesto, de la iniciativa pública y el sector privado, que es el motor de desarrollo económico de las demarcaciones territoriales.

Pongo esto como como preámbulo, porque en ese sentido las entidades federativas hacen su labor en torno al control de este problema público, que es tan complejo, y hay muchas formas de medir cuán robusto es: mediciones de percepción, consultando a expertas y expertos sobre el proceso de evolución del problema.

Es un problema estructural y multidimensional, y lo que toca a Jalisco a través de su Sistema Estatal Anticorrupción (SEAJAL) y a través de las estructuras gubernamentales de la iniciativa privada, que no necesariamente forman parte del sistema, es intentar controlar la corrupción con mecanismos que permitan articular los esfuerzos de cada una de estas hélices que he mencionado.

¿Cómo hacer para que los mecanismos anticorrupción sean más efectivos?, ¿para que la Política Nacional Anticorrupción y la PEAJAL incidan en la inhibición de la corrupción?

Como lo dice el artículo 5 de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Jalisco, la totalidad de los entes públicos de Jalisco deben adoptar en sus rutinas institucionales la PEAJAL a través de un instrumento conocido como PIA (Programa Institucional Anticorrupción). Ese es el primer paso. La adopción de la PEAJAL a través de los programas para brindar insumos a la sociedad, de modo que pueda exigir el cumplimiento de lo establecido en esos programas y tener otros mecanismos para facilitar a la sociedad esa visoría.

Tendremos que pensar en mecanismos que sean sumamente intuitivos, que permitan a la sociedad de manera sencilla conocer el nivel de cumplimiento de cualquier ente público, darle herramientas sencillas para que nos pueda ayudar en el monitoreo y el seguimiento de las acciones de los entes públicos encaminadas al control de la corrupción en sus propias estructuras. Hay que recordar que, dentro de la anatomía de las estructuras públicas, también pueden gestarse situaciones contrarias al derecho y, quienes el propio dispositivo jurídico así lo indique, deben atenderlas de manera pertinente y oportuna, con un enfoque de prevención y de sanción.

¿Cómo avanza el trabajo con los municipios en la lucha anticorrupción?

El gobierno municipal es el orden de gobierno más cercano a la sociedad.

Es en el que se establece comunicación directa entre ciudadanos y servidores públicos, quienes resuelven parte de las necesidades básicas para la dinámica en sociedad. Por lo tanto, nuestros esfuerzos tienen que encaminarse a fortalecer sus capacidades institucionales para que tengan mejores herramientas para la gestión pública y para controlar el fenómeno de corrupción.

En cuanto a la importancia de trabajar directamente con ellos en el combate de la corrupción, me gustaría apoyarme en el informe titulado Sobre el combate a la corrupción 2025, seis experiencias de nuestra América, realizado por el Instituto de Investigación en Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción, donde se documentan los casos de algunos países de América Latina. Una conclusión muy significativa es que el combate a la corrupción local es uno de los mayores desafíos de Latinoamérica. Con ello se entiende que es imperativo blindar los gobiernos municipales.

En 2017, cuando comenzaron a trabajarse las diferentes leyes que le darían vida al SEAJAL, en aquella comisión interinstitucional convocada por el Poder Ejecutivo y coordinada por la Contraloría del Estado, la dimensión municipal ya figuraba en la discusión; había una preocupación por cómo instrumentar, desde el sistema estatal, modelos de coordinación que respeten la autonomía municipal, en vinculación con la gran agenda anticorrupción y con el Sistema.

Habría que tener también en cuenta las cifras. Recordemos que cada dos años, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) realiza la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental. En 2024, hizo un ejercicio en el que revisó, de 2013 a 2023, de las y los servidores públicos y de los trámites que son reportados, dónde hubo corrupción. Al comparar los niveles federal, estatal y municipal del gobierno, las estadísticas reflejan que los trámites realizados en el gobierno estatal son aquellos que tienen mayores víctimas de corrupción. En segundo lugar, están los gobiernos municipales, y en tercero, el gobierno federal.

¿Cómo es posible que esto sea así? Mucho puede explicarse por el contacto, la interacción del ciudadano con las estructuras gubernamentales para el desarrollo de los trámites. Esta encuesta además nos dice en qué tipo de trámites se detecta la corrupción. Y en ese mismo periodo, los trámites en los que más corrupción se detectó, fueron los de contacto con autoridades de seguridad vial y de seguridad pública. Tales datos nos demuestran que el gobierno municipal necesita tener mejores herramientas contra la corrupción. El futuro está en los municipios.

Nos estamos acercando a los municipios para que tengan sus propios Programas Institucionales Anticorrupción, a través de cursos de formación especializante que se ofertan en el AVA (Aula Virtual Anticorrupción), que actualmente tiene quince cursos, desde temas de entrega y recepción hasta temas como la perspectiva de género en los procedimientos de responsabilidad administrativa. Además, dentro de la estructura orgánica del Comité de la Secretaría Ejecutiva, hay una unidad administrativa que genera un vínculo institucional permanente con los gobiernos municipales. Esto adicional, por supuesto, a las acciones que se realizan en el Comité de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco (CPS), y a las acciones que realiza cada ente público que forma parte del Comité Coordinador: capacitaciones en materia de fiscalización por parte de la auditoría superior, capacitaciones en todos los procesos y los manuales, y el acompañamiento de la Contraloría del Estado.

Además de la política nacional ¿qué otros factores limitan el accionar de los gobiernos locales en la armonización de los mecanismos de rendición de cuentas?

Se han creado bases jurídicas y acompañamientos muy significativos para que los gobiernos municipales adopten estos sistemas de control interno, de integridad. Y todo ello cuesta en la medida en que tienes que tener servidores públicos capacitados para poder a adoptar, adaptar y atender lo que te indican esos esos sistemas, cuesta romper paradigmas en los gobiernos municipales y cuesta también ganar aliadas y aliados que puedan entender que la adopción de estos sistemas de integridad y de detección oportuna de riesgos de corrupción hacen más eficiente la maquinaria, hacen que los servicios públicos lleguen a más personas y que la vida en comunidad sea más plena.

Los gobiernos municipales disponen de estructuras mínimas, de personas que forman parte del órgano interno de control, de las unidades de transparencia, que están a cargo de los archivos. Es importante entender la realidad municipal para pensar en mecanismos que les permitan eficientar, y en la medida en que esto suceda, pueden ir cerrando, inhibiendo o previendo de manera oportuna algunos casos de posible corrupción que pudieran estarse gestando.

Un ejemplo muy ilustrativo: en el segundo lugar de trámites gubernamentales en los que se ha detectado corrupción se ubica el pago del agua, un trámite de orden municipal. Hay estrategias que se han implementado para que el pago no sea directo en ventanilla, sino a través de ambientes virtuales, y eso es costoso. Estas propuestas de gobierno digital se ofrecen como una salida para inhibir estos casos de pequeña corrupción. 

¿Cómo puede incentivarse la participación ciudadana en el control de la corrupción?

En el SEAJAL tenemos un eje que nos insta a desarrollar proyectos para impulsar la participación pública, en el CPS, en la Comisión Ejecutiva y en el Comité Coordinador. Me gustaría hablar de manera particular del CPS. Recientemente aprobamos un Modelo de coordinación, de diseño y de seguimiento del programa de trabajo anual del comité, que en una de sus fases implicará convocar a sociedad civil a través de una encuesta en la que reflejen sus preocupaciones relacionadas con la agenda.

Tenemos que considerar como proyecto en el Plan de trabajo anual, una siguiente fase del desarrollo de talleres de inteligencia colectiva, con una metodología que nos ha ayudado a construir la Escuela Mexicana de Participación Ciudadana.

El CPS funciona como vínculo entre la sociedad civil organizada, la academia y otros sectores en los que se agrupa la sociedad, invitando a estos grupos a la construcción del programa de trabajo anual. Para el seguimiento, en cada sesión ordinaria, las y los integrantes del comité informamos el avance de nuestros proyectos, y estamos trabajando en madurar instrumentos que sean huellas documentales, que permitan dar cuenta de cómo abonamos que hacemos a las atribuciones que nos tocan. Nuestras sesiones son públicas, y la huella documental de cada sesión es accesible: la lista de asistencia, la convocatoria, el acta, el soporte audiovisual de la sesión en vivo y un documento que contiene los acuerdos del CPS, que recientemente hemos resuelto incluir también en el acta.

¿Cuáles son los retos de las y los servidores públicos en el combate a la corrupción?

La primera responsabilidad que tenemos cuando llegamos a un encargo es apegarnos a los que estrictamente señala el marco normativo. El segundo compromiso tiene que ser la intención de abonar y contribuir a generar valor público en la agenda. De manera específica, en el Comité Coordinador nos corresponde generar mecanismos y dinámicas que permitan que las voces de quienes no están en el sistema puedan ser escuchadas, que insten a construir, reconstruir o rediseñar lo que hasta el momento hemos caminado y a también regresar al origen para recuperar lo que pudimos haber perdido en estos años de vida del SEAJAL.

Cuando llegas a un espacio tienes que honrarlo atendiendo de manera puntual a tus deberes. Es parte de los compromisos que hice públicamente, además de fungir como escucha activa a las voces plurales y esmerarme en construir una visión integradora de la agenda que hoy nos toca dirigir.

Actualmente usted encabeza el Comité Coordinador del SEAJAL y la presidencia del CPS, ¿cómo ve el papel de las mujeres en la aplicación de la PEAJAL?

La PEAJAL es una de las pocas que integra la perspectiva de género en su diseño, y que provee de herramientas a los diferentes gabinetes con los cuales interactuamos para que vuelvan operativa esta perspectiva. Un ejemplo reciente es la incorporación en el AVA de un curso denominado “Perspectiva de género en los procedimientos de responsabilidad administrativa”; es decir, además de ser suscrita por la Política, la perspectiva de género está presente en sus subproductos y en la integración del CPS. Una de las premisas es privilegiar una integración paritaria entre sus integrantes, y debo decir que la configuración que tiene el CPS en esta gestión, es la primera en que el número de mujeres es mayor al número de varones.

Asimismo, en los proyectos en cuyos procesos de diseño participamos siempre tenemos presente como una recomendación procurar privilegiar la paridad, en los cuerpos colegiados y en la toma de decisiones.

En 2026 un importante número de presidentes de Comités de Participación Ciudada- na será ocupado por mujeres y, si consultamos las estadísticas del INEGI, en la actualidad, un mayor número de mujeres ocupamos espacios en el servicio público, y una parte importante de esos espacios son de alto perfil político, de peso público; marcan un antes y un después en la agenda.

Al cierre de su gestión ¿qué objetivos desea concretar?

Si recordamos cómo en la PEAJAL se define la corrupción como esa incapacidad del gobierno, sociedad civil e iniciativa privada para controlarla, mi utopía sería un sector público con un mayor activismo en la agenda anticorrupción, una sociedad civil muy presente en el SEAJAL y un sector económico vinculado de manera permanente para la construcción de mecanismos que permitan que ellos tengan una voz muy fuerte en torno a la agenda anticorrupción, y, por supuesto, un sistema completo y funcional. Un Sistema que nos represente y del cual seamos parte en su diseño, en su construcción, en su monitoreo, en su visoría, y en su evaluación. Que se hable más de la agenda, para demandar que todas y todos nos esmeremos en resolver este problema, que es complejo.