Gobernar con datos: hacia una política pública ética, estratégica y soberana en la era digital

La transformación digital del gobierno no es sólo una meta tecnológica: es una condición estructural para la toma de decisiones públicas informadas. Sin embargo, en México este proceso ha sido fragmentado, lento y con escasa visión de largo plazo. Mientras países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) han consolidado estrategias nacionales de datos que vinculan la interoperabilidad institucional con la planeación de políticas públicas basadas en evidencia, México carece aún de una arquitectura robusta que garantice el uso efectivo de sus activos digitales.

De acuerdo con el Índice de Gobierno Digital de la OCDE (2020), México ocupa posiciones rezagadas en dimensiones clave como la gobernanza de datos, la integridad digital y el diseño centrado en el usuario. Esto se traduce en consecuencias prácticas: registros administrativos que no están disponibles a tiempo, bases de datos fragmentadas o sin interoperabilidad, y decisiones públicas que siguen sustentándose en intuiciones o presiones coyunturales, más que en evidencia sólida.

Esta brecha en la transformación digital del Estado mexicano tiene un costo alto: desperdiciar la posibilidad de que los datos acumulados día a día –por escuelas, hospitales, juzgados, oficinas del registro civil o catastros– puedan alimentar modelos de análisis que anticipen problemas, evalúen políticas y mejoren la asignación de recursos públicos. El problema ya no es la ausencia de datos, sino la incapacidad institucional de activarlos para el bien público.

Hacia un sistema de información estratégica para el Estado

La transformación digital del gobierno requiere más que infraestructura tecnológica: exige sistemas institucionales capaces de dar sentido y gobernanza a los datos. En ese marco, el Instituto de Información Estadística y Geográfica de Jalisco (IIEG) ha asumido el mandato legal de constituir y coordinar el Sistema de Información Estratégica del Estado, tal como lo establece su Ley Orgánica del Instituto de Información Estadística y Geográfica del Estado de Jalisco (2013).

Este sistema no se concibe solo como un repositorio de bases de datos, sino como un conjunto articulado de reglas, mecanismos e instituciones orientadas a organizar la información pública para que cumpla funciones estratégicas en la formulación, implementación y evaluación de políticas públicas. Su diseño reconoce que la utilidad de los datos no radica sólo en su existencia, sino en su capacidad de integrarse, analizarse y transformarse en conocimiento accesible y confiable para diversos actores públicos y sociales.

En términos operativos, el sistema promueve procesos sistemáticos de:

• Ingesta de datos provenientes de registros administrativos, sensores, y fuentes externas.
• Procesamiento y estructuración para garantizar la consistencia, trazabilidad y comparabilidad de la información.
• Almacenamiento seguro y escalable, bajo criterios de soberanía tecnológica y protección de datos personales.
• Divulgación proactiva y en formatos abiertos, atendiendo tanto a especialistas como a ciudadanía general.

Además, busca articular las fuentes generadas a nivel estatal con aquellas que forman parte del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, contribuyendo así a una visión federada e interoperable del conocimiento público.

Este esfuerzo implica una apuesta por un Estado que toma decisiones con base en evidencia. Supone también superar inercias institucionales, establecer estándares comunes entre dependencias, y generar capacidades técnicas especializadas dentro del servicio público.

La incertidumbre jurídica y la necesidad de una ética estatal de los datos

En medio del avance tecnológico y la multiplicación de datos en poder del Estado, México enfrenta una preocupante incertidumbre jurídica sobre el manejo, resguardo y uso de la información personal de la ciudadanía. Las recientes reformas legislativas que debilitan –o incluso eliminan– organismos autónomos encargados de garantizar el derecho de acceso a la información y la protección de datos personales, han dejado un vacío normativo y operativo de gran calado.

Esta situación no solo compromete derechos fundamentales, sino que coloca a las instituciones públicas en una situación ambigua y riesgosa, particularmente aquellas que generan, concentran o procesan información sensible a través de registros administrativos. En lugar de un ecosistema regulado, con reglas claras y supervisión independiente, se abre paso una lógica fragmentada donde cada dependencia puede interpretar de forma distinta sus obligaciones respecto a la seguridad, anonimización, conservación y uso de los datos.

Ante este contexto, la responsabilidad de proteger la información de las personas ya no puede recaer exclusivamente en organismos especializados. Es el conjunto del aparato estatal –desde los gobiernos estatales hasta los municipales– quien debe asumir el compromiso de construir una ética pública de los datos, que conjugue principios como:

• Seguridad de la información y protección contra usos indebidos o filtraciones.
• Proporcionalidad en la recopilación y almacenamiento de datos.
• Minimización de sesgos en el uso de datos para fines estadísticos o algorítmicos.
• Transparencia y explicabilidad de los sistemas automatizados de decisión.

El auge de la inteligencia artificial ha agravado la urgencia de este compromiso. El entrenamiento de modelos cada vez más sofisticados –capaces de tomar decisiones con implicaciones reales sobre personas y grupos– exige grandes volúmenes de datos estructurados, diversos y representativos. Esto genera presiones técnicas y políticas para acceder a registros sensibles sin los filtros adecuados.

Por ello, urge la creación de marcos legales que anticipen los desafíos que enfrentan las instituciones generadoras y gestoras de datos en esta nueva era, dotándolas de capacidades técnicas, criterios jurídicos y normas éticas para evitar daños potenciales, discriminaciones algorítmicas o violaciones a la privacidad. La ausencia de estas normas no solo expone a la ciudadanía, sino que erosiona la legitimidad misma del uso de tecnologías avanzadas en el ámbito público.

Jalisco, como entidad federativa con vocación innovadora, puede convertirse en un referente nacional si logra traducir esta conciencia en políticas claras y compromisos institucionales duraderos.

El cuello de botella técnico: soberanía tecnológica y escasa inversión

El aprovechamiento estratégico de los datos públicos depende en buena medida de su infraestructura técnica: los mecanismos de captura, almacenamiento, procesamiento, interoperabilidad y visualización de la información. Sin embargo, en México este eslabón continúa siendo uno de los más frágiles del ciclo de vida de los datos.

Uno de los principales desafíos es la ausencia de una política nacional de soberanía tecnológica. Diversas dependencias públicas –en los tres órdenes de gobierno– operan sus datos a través de plataformas de terceros, sistemas propietarios o proveedores externos sin mecanismos claros de control, portabilidad o auditoría. Esto no solo compromete la seguridad y autonomía de los procesos públicos, sino que también genera dependencia técnica y altos costos a mediano plazo.

Por ejemplo, el uso de soluciones cerradas impide que las instituciones puedan adaptar sus sistemas a nuevas necesidades, migrar a esquemas interoperables o incluso conocer el funcionamiento interno de las herramientas que utilizan. En un contexto donde la inteligencia artificial y la analítica avanzada requieren de infraestructura flexible y potente, esta dependencia representa una debilidad crítica.

A ello se suma la escasa inversión pública en desarrollo tecnológico e innovación aplicada al sector público. Según datos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), ahora Consejo Nacional de Humanidades, Ciencia y Tecnología (CONAHCYT) y del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), México destina menos de 0.5% del Producto Interno Bruto (PIB) a actividades de investigación y desarrollo experimental (I+D), y solo una fracción de ese gasto se canaliza a tecnologías cívicas, plataformas gubernamentales o ciencia de datos orientada al bien público (CONACYT, 2023). Esta brecha se traduce en: plataformas lentas o desactualizadas para consulta y procesamiento de información; falta de equipos especializados en infraestructura de datos, seguridad cibernética y arquitectura digital; y dificultades para construir sistemas de análisis integrados y automatizados dentro del gobierno.

En el caso de Jalisco, el IIEG ha buscado contrarrestar esta tendencia apostando por plataformas tecnológicas propias, con principios de código abierto, portabilidad e interoperabilidad. Sin embargo, para que estas apuestas sean sostenibles y escalables, es imprescindible un compromiso más amplio del aparato gubernamental con la inversión en infraestructura de datos como infraestructura pública esencial, del mismo modo que se invierte en carreteras, redes eléctricas o sistemas de agua.

Aplicaciones locales: imágenes satelitales y segmentación agrícola en Jalisco

Más allá de los diagnósticos estructurales, existen en Jalisco casos concretos de innovación pública que demuestran el potencial de una infraestructura de datos bien diseñada, con soberanía tecnológica y capacidades científicas aplicadas al territorio. Uno de los más relevantes es el desarrollo de modelos de segmentación de parcelas y reconocimiento de cultivos a partir de imágenes satelitales, liderado por el doctor Ulises Moya desde Jalisco.

Este proyecto tiene como objetivo principal detectar, clasificar y monitorear el uso agrícola del suelo en el estado, utilizando tecnologías de percepción remota, aprendizaje automático y procesamiento geoespacial. A partir de imágenes obtenidas por sensores satelitales (como Sentinel-2), el equipo técnico ha desarrollado modelos que permiten:

• Delimitar automáticamente las parcelas agrícolas, incluso en contextos de tenencia irregular o escasa cartografía catastral.
• Identificar los tipos de cultivo con base en patrones espectrales y fenológicos;
• Monitorear cambios de uso del suelo en ciclos temporales definidos.

Este trabajo representa un cambio de paradigma: en lugar de esperar a que los datos lleguen tarde, incompletos o desagregados, el Estado genera su propia inteligencia territorial en tiempo casi real. Los resultados obtenidos permiten alimentar políticas públicas en materia de: planeación agrícola y seguridad alimentaria; ordenamiento ecológico y gestión del territorio; e identificación de áreas con riesgo de cambio de uso de suelo forestal o urbano.

Además, el enfoque técnico del proyecto pone en práctica los principios de soberanía tecnológica y apertura: se han utilizado herramientas de código abierto y se promueve la publicación de los datos derivados en formatos accesibles y georreferenciados. Este caso ilustra cómo el conocimiento técnico y la visión institucional pueden converger en modelos públicos de generación de datos con alto valor estratégico, escalables y replicables en otros sectores o entidades. Frente a un contexto nacional de vacíos normativos y debilidad institucional, experiencias como esta demuestran que es posible construir capacidades tecnológicas desde lo local, siempre que exista voluntad política, talento técnico y una visión clara de servicio público.

Un marco ético estatal para la inteligencia artificial

En octubre de 2024, el gobierno de Jalisco presentó su Política de Inteligencia Artificial y Gobernanza de Datos, posicionándose como pionero en México al establecer un marco normativo y estratégico que impulsa el uso ético y responsable de la inteligencia artificial (IA) en el ámbito gubernamental.

Esta política tiene como objetivo principal garantizar que la innovación tecnológica se desarrolle en beneficio de la sociedad, asegurando la protección de los derechos y la privacidad de los ciudadanos. Entre sus principios rectores se encuentran:

• Innovación tecnológica en beneficio de la sociedad. Promover el desarrollo responsable de la IA que contribuya al bienestar social.
• Protección de derechos y privacidad. Establecer un marco normativo que salvaguarde los derechos de los ciudadanos en el uso de la IA.
• Transparencia y rendición de cuentas. Fomentar la apertura y la responsabilidad en las instituciones gubernamentales que implementen IA.
• Equidad y no discriminación. Garantizar que los sistemas de IA aplicados en el gobierno sean justos y no discriminatorios.
• Además, la política busca regular la recolección, almacenamiento y uso de datos, priorizando la privacidad y protección de la información personal y confidencial.

Este esfuerzo se enmarca en un contexto nacional donde aún no existe un marco legal establecido que regule el uso ético de la IA, destacando a Jalisco como líder en la creación de políticas públicas responsables y éticas para el uso de tecnologías emergentes.

Recomendaciones para una gobernanza de datos ética, técnica y estratégica

El aprovechamiento de los datos públicos en la era digital exige visión de largo plazo, capacidades técnicas sólidas, marcos jurídicos robustos y principios éticos claros. A partir del análisis desarrollado en este artículo, se proponen las siguientes recomendaciones para fortalecer la gobernanza de datos en Jalisco:

1. Consolidar el Sistema de Información Estratégica del Estado como política de Estado. No basta con que exista un mandato legal; es necesario dotar al sistema de recursos estables, reglas de operación claras, estándares técnicos compartidos y reconocimiento transversal por parte de todas las dependencias.
2. Adoptar un enfoque de soberanía tecnológica. Las plataformas, herramientas y procesos de análisis de datos deben desarrollarse sobre bases abiertas, auditables y adaptables, evitando la dependencia de soluciones cerradas o proveedores externos sin supervisión. Esto implica invertir en talento interno, software libre y estándares de interoperabilidad.
3. Institucionalizar principios éticos en el ciclo de vida de los datos. Alinearse con la política de IA de Jalisco debe ser una práctica operativa, no solo declarativa. Cada dependencia que produce o usa datos debe implementar mecanismos de evaluación de impacto algorítmico, resguardar la privacidad ciudadana, prevenir sesgos y garantizar transparencia en los sistemas automatizados de toma de decisiones.
4. Impulsar marcos jurídicos anticipatorios. Se requiere un marco legal estatal que regule el tratamiento de datos en contextos de IA, análisis masivo de registros administrativos y uso interinstitucional de información. Este marco debe garantizar derechos, pero también habilitar la innovación, brindando certidumbre a las instituciones generadoras de datos.
5. Fomentar ecosistemas públicos de innovación basados en datos. El gobierno no debe trabajar solo: universidades, centros de investigación, organizaciones civiles y empresas tecnológicas pueden aportar capacidades, validación y vigilancia. Abrir datos en formatos útiles, fomentar laboratorios cívicos y promover ciencia de datos con fines públicos son caminos efectivos para generar comunidad y confianza.

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