El proceso entrega-recepción, ese desconocido

¿Todo lo público tiene valor público? Parece una pregunta sin sentido, o  peor:  tonta; lo público por sí mismo debería  tener  valor  público. Proponemos  reflexionar un poco: en primera instancia, lo público, para efectos de este artículo, es todo aquello que se planea y ejecuta con el dinero que es de todos y que administran los gobernantes.

De igual manera es interés público lo que como parte de su desempeño profesional realizan los servidores, mujeres y hombres, que trabajan en los gobiernos. Incluido lo que, por inercia, ha quedado tras bambalinas en la gestión de aquello que nos es común, por su génesis y por sus efectos: la toma de decisiones. “¿Por qué terminaron haciendo esto y no lo otro?” “¿Por qué en este sitio y no en aquél?” “¿Quién, quiénes intervinieron en la determinación?” Las respuestas a estas cuestiones de naturaleza pública no se dan a la publicidad, y por supuesto responderlas tiene valor para las y los ciudadanos.

En sentido contrario, como mero ejemplo, está la compra de insumos para que los miembros de la burocracia puedan hacer su trabajo; es pública, sin duda, pero su valor es menor. Salvo que, por la costumbre de la corrupción, es conveniente constatar que esas adquisiciones se hagan de manera transparente, apegadas a la integridad, sin favoritismos perversos, y con el fin de que lo gastado o invertido abone a la eficacia del gobierno.

Los párrafos anteriores ponen a consideración que hay grados para la importancia de lo que es relevante que el público conozca (lo que no implica que lo que sea menos atractivo deba someterse a las sombras). Lo destacamos por la confusión, a veces provocada, entre las reglas de la transparencia y la rendición de cuentas; las primeras, según se ha impuesto, implican la acumulación exacerbada de documentos con datos (pocos con información) que forman  un laberinto  al  que  sólo se aventuran especialistas e interesados que disponen de pistas para adentrarse en él; la segunda es más que sólo exhibir facturas, órdenes de compra y firmas de autorización,  sino  que  significa que nos sea dado conocer cómo deciden, por qué, y observar los resultados concretos de esas decisiones, con los hechos subsecuentes, en la vida de las comunidades y en la de las personas. Para unir los dos ejemplos: que un burócrata tenga una computadora que sirva y le facilite el trabajo es menor frente hacer o reparar una calle cuyo pavimento al cabo no dure seis meses en buen estado y las coladeras acaben siendo hoyancos. Aunque, al final, los dos ejemplos están unidos porque todo lo público tiene valor: si la adquisición del equipo de cómputo se dio mediante un arreglo corrupto ¿por qué esperar que las calles se hagan con calidad duradera?

Podríamos parafrasear a Terencio, romano que vivió y escribió siglo y medio antes de nuestra era: Soy mujer, soy hombre, un ciudadano al que nada de lo público le es ajeno. Y de entre todo lo que cabe en la esfera pública, estamos en la víspera de un tema cíclico que por rutina ha sido nomás para la atención de la administración “pública” y del juego político: el proceso de entrega-recepción. Qué entregan los que dejan sus cargos: de los archivos, físicos y electrónicos, a los bienes muebles e inmuebles, los recursos financieros y humanos, y las gestiones pendientes, de toda índole: de los proyectos, las obras, los programas y el presupuesto, a los asuntos jurídicos.

Desde la ladera política de este proceso, cada tres años, (o seis, sobre todo si hay recambio de color partidista), manan mensajes hacia los ciudadanos-espectadores: Recibimos todo en malas condiciones; ni la ambulancia dejaron; pasaremos un tiempo tratando de entender… En cambio, cuando la muda consiste sólo de gobernante, del mismo partido que el anterior, aquello de lo que nos enteramos del proceso de entrega-recepción es sosegado, sin  reclamos o señalamientos: Recibimos todo en orden. Aunque ni en este caso, menos en el previo, acontece lo deseable, lo terso de la entrega-recepción, así sea mera cortesía política, no obsta para que de cualquier manera quien recibe comience de cero; de un cero que se impone justamente porque el proceso se constriñe a la escala de la transparencia y de la valoración de los sobresaltos judiciales que pudieran estar ocultos para los entrantes. Lo que constituye una pérdida, por la discontinuidad de aquello que probó ser benéfico, y además entraña un desdén para la posibilidad de  materializar el  sueño largamente acariciado: el servicio civil de carrera, que se vuelve más bien un servicio de arrancones. Esto refiriéndonos a que las y los funcionarios deben dejar de hacer lo que venían haciendo para adaptarse a lo que se impondrá, según el eterno recomienzo. Con lo que un elemento que debería ser constitutivo de la entrega-recepción, es decir la evaluación, queda relegado, ya que los programas suelen quedar truncos y cada vez incurrimos en una de las característica que va siendo endémica: que la mira de los gobiernos se estreche a metas anuales o, cuando es más amplia,  al fin  de  la  administración,  con lo que el  largo plazo,  que demanda planteamientos que rebasen mandatos políticos y gestores que no dependan del mandamás en turno, a lo mucho llegan a ser una adición de arrancones más o menos conexos.

Entonces, el proceso de entrega-recepción ¿tiene valor público? Ahora que en Jalisco estamos a meses de cambios en el gobierno del estado y en los municipios, podríamos, mediante la publicidad de este mecanismo estipulado en las leyes orgánicas, añadirlo como un factor de incidencia positiva en el quehacer de los gobiernos. Y no únicamente darlo a conocer fuera de la esfera de los gobiernos: que quienes se encaramen en los sillones de mando sepan de antemano que, al terminar, sobre su entrega-recepción recaerá una mirada más allá de lo administrativo ¿influirá esto en la planeación a la que están obligados por la ley? Creemos que sí.

Argumentos para soportar que el proceso de entrega-recepción tiene valor público no faltan. Como son los que se pueden esgrimir para destacar el que tiene que dar seguimiento a los debates en los congresos (locales y el de la Unión), que, de todos modos, no gozan de un nivel de audiencia que relacione su importancia para la sociedad con lo que les importan a los ciudadanos.

 Pero hay que tener cuidado con esto: el consumo masivo no necesariamente significa que algo es bueno. Si así fuera, los refrescos, de cola o de lo que sea, tendrían que ser apreciados como nutritivos, sólo por su consumo masivo. 

Lo que  nos  lleva a  repensar  la expresión “valor público”. En términos de lo que representan los gobiernos y las instituciones, este valor es intrínseco: lo tienen sin que deba mediar el consumo que haga la gente de cada uno de los componentes del quehacer gubernamental. Si tienen valor a pesar del grado de interés que susciten, quienes tienen en sus manos los procesos relativos están obligados a darles una publicidad consecuente con ese valor. A pesar de que es conocido que la estimación que los ciudadanos tengan hacia los actos de quienes están en la administración pública (los que entregan o los que reciben) es intrascendente para los burócratas y funcionarios: la publicidad que están dispuestos a dar es inversamente proporcional a las consecuencias que pueda acarrearles ante la opinión pública. Sobre todo si se trata de que ésta ponga la mirada en lo que tradicionalmente ha quedado en la penumbra que no es a priori fatalmente negativa, sino permanentemente sospechosa.

Pero, ya en el trance de dar vueltas a la metafórica tuerca: ¿a quién corresponde poner en el menú de lo público el platillo “entrega-recepción”? Lo que de por sí supone darle el valor que, ya quedamos, tiene: A la Contraloría del Estado, a los Órganos Internos de Control. Con lo que de paso estas instancias ganarían base social para su labor, y si el proceso que siguen es transparente, quienes dejan los cargos y quienes los asumen, adquieren por su parte una dosis de legitimidad que no les cae mal; si es que los primeros fueron probos en su desempeño y si los segundos no tienen una agenda soterrada (dar uso político personal a lo que resulte del proceso de entrega-recepción, que se quede como acto intimista). Hacerlo público es principio para enmendar y reparar los daños, y también para inocular contra el uso faccioso de lo que es de valor ciudadano. 

Ya está. Sí, ojalá concordemos: el proceso de entrega-recepción es valioso para el gobierno democrático de la sociedad, y los intereses partidistas y político personales son sólo afluentes de ese valor: la sociedad va por delante. 

Para nuestra buena suerte, entre las actualizaciones normativas y los avances tecnológicos, de la entrega-recepción no sólo nos corresponde enterarnos con un acta formal, sino que es posible conocer el paso a paso para seguir la huella administrativa que unos, mujeres y hombres, dejaron a su lance en la responsabilidad pública, con los elementos que contribuyen a evaluarlos de la eficacia que lograron, el nivel ético que pusieron en juego, a los escollos de varias naturalezas que pudieron haber encontrado en el camino y de los que, para ser escollos creíbles, debe haber evidencias, no sólo para justificarlos, sino también para que quienes los sucedan enmienden y los eviten.

¿Cómo podemos tener instituciones sólidas, que mejoren con el tiempo, si cada que hay cambios el gesto de los que entregan es evitar ser culpados? Por eso, la regla ha sido: “entre más somero, más seguro” (para ellas y ellos). ¿Cómo podemos llamarnos un Estado con instituciones si quienes las reciben actúan con la certeza de que nada de lo que les entregan tiene una utilidad mayor a la que se requiere para justificar, en el futuro, su escasa rendición de cuentas? Y así, ad infinitum.

Pero estamos, en lo público, tan hechos para la desconfianza, que priorizamos la búsqueda de corruptos, ciertos de que están ahí, parapetados en el papeleo inútil, esperando vernos la cara, y perdemos de vista que los órganos de control no son únicamente revisores de asientos contables, sino que también pueden darnos claves sobre la calidad del desempeño, en cuanto a los resultados que la gente espera, de los administradores de la cosa pública. Y con todo y esa desconfianza, no se ha dado la circunstancia de que recuperemos aquello que los enemigos políticos de los entrantes señalan que los salientes sustrajeron (el ejemplo señero es el del presidente de la República, que se ha empeñado en culpar a los corruptos, que no nombra y menos persigue), y mucho menos ha ocurrido que los programas se mejoren como consecuencia del cambio de titulares, simplemente los desaparecen o, peor, si funcionaron, los desfiguran.

En Jalisco, sin aspavientos -y sin perder de vista el contexto entero- los  controles  internos han mejorado (con deshonrosas excepciones),  pero  aún  los vemos  como instancias estrictamente así: internas. Cuando en verdad su labor, precisamente por la desconfianza en la que hemos sido entrenados, debería ser apuntalar el capital social, a partir de que la publicidad de servir su responsabilidad sea intensa. 

Podríamos sorprendernos por la cantidad de gestiones que se llevan bien y con eficacia, y podrían, las contralorías, sorprendernos a todos, incluyendo a las mujeres y hombres que dentro de no tanto protestarán guardar y hacer guardar etc., por la cantidad de información que podrían proveernos para asumir que no requerimos reinventar al Estado ni a los ayuntamientos cada  que  hay renovación política. Al tiempo que podrían mostrarnos otra información que avergonzara a muchos, incluidos los ciudadanos; a unos los que exhibirá por indolentes con el compromiso público que aceptaron y por el uso patrimonialista de lo que es colectivo, y al resto por haber desestimado el valor público de lo que las auditorías sí hacen por tener gobiernos eficientes.  

No podemos olvidar que hace apenas dos décadas era perseguido con furia quien osara preguntar cuánto ganaba el gobernador. Hemos avanzado más de lo que de pronto estamos dispuestos a reconocer. ¿Podemos esperar que en septiembre y diciembre de 2024 los procesos de entrega-recepción sean mucho más que el trámite burocrático que es para quienes están de un lado u otro de ellos y en la tribuna? Sostenemos que sí, a condición de que previamente, los criterios, formatos y los procedimientos queden al alcance de quien quiera atenderlos, y más: que los conozcan quienes terminarán su encargo y los partidos políticos, para que los den a conocer a quienes postulen.   

Si el problema más sentido por la población es el de la inseguridad ¿podemos imaginar el valor que tendrá la entrega-recepción en las áreas de seguridad? Sin dejar aparte al Instituto de Ciencias Forenses. Lo que nos lleva a recordar un adjetivo que de repente usamos a la ligera: kafkiano, y desde él, cómo no pensar en la novela de Franz Kafka El proceso: 

Ahí estribaba precisamente el defecto más importante de la organización judicial vigente, que desde el principio prescribía el secreto de los procedimientos. La importancia de los funcionarios era mínima, puesto que los procedimientos se desenvolvían casi automáticamente. Los funcionarios eran personas totalmente desvinculadas de la sociedad. Así cuando se trataba de procesos de gran simplicidad, o por el contrario, de gran complejidad, ellos se revelaban particularmente torpes en su actuación por tratarse de personas que vivían en estrecho contacto con los códigos y carentes de toda vinculación con la complejidad que caracteriza a toda sociedad humana. (…)

El orden jerárquico y sus grados eran infinitos, y los propios funcionarios se sentían perdidos en aquella complejidad. Como sabemos, los procedimientos en curso eran en su mayor parte secretos tanto para el público como para los funcionarios de grado inferior, y les era imposible comprender el curso que irían tomando los procedimientos a medida que se extendían en el tiempo. (Kafka, pp. 105, 106)

Estimado Kafka: ya sazón el siglo XXI, hay funcionarios que lo habitan pero prefieren ser novelados por ti.

Bibliografía y fuentes de información

Kafka, Franz, El proceso. Obras Completas. Barcelona, 1986.