Comités de ética y eficiencia gubernamental

En el servicio público la ética es una herramienta que nos permite observar con precisión los estándares deseables de la función o del interés público. Al comprender la esencia de la ética en este ámbito accedemos a una brújula moral que nos guía hacia un actuar íntegro y responsable, priorizando el bien común por encima de intereses personales o de grupos privilegiados.

Esta complejidad de la naturaleza misma de la ética, la sitúa en el terreno de los valores, las normas y los principios de la conducta humana, especialmente en el ámbito de la toma de decisiones, que es resultado de cuestionamientos internos.

Es decir, a diferencia de la moral, que se basa en las costumbres y normas sociales establecidas en un contexto específico, la ética apela a un marco de valores y principios universales, trascendiendo las fronteras culturales y temporales. Es por ello que se convierte en un faro que orienta el comportamiento humano hacia un bien común, buscando el bienestar individual y colectivo en armonía con los principios de justicia, equidad, responsabilidad y respeto.

La ética, en el contexto del servicio público mexicano, no se trata de un conjunto de dogmas o normas rígidas, por más que esta afirmación pueda hacer frente al principio general de derecho, que determina que la autoridad sólo debe actuar con total apego a lo que señala la ley. Se trata pues, del acto ampliado de aquellas definiciones iniciales que se identifican desde el texto constitucional como valores éticos públicos, como son los casos de la justicia, la libertad, la solidaridad, la honestidad, la responsabilidad, la igualdad y el respeto a los derechos humanos:

Justicia. La Constitución busca garantizar la igualdad ante la ley y la protección de los derechos de todas las personas, sin distinción de raza, género, religión o cualquier otra condición.

Libertad. La libertad es un pilar fundamental de la Constitución, reconociendo la libertad de expresión, asociación, religión y otros derechos individuales que permiten a las personas desarrollarse plenamente.

Solidaridad. Aunque no se menciona explícitamente, la Constitución promueve la solidaridad al establecer derechos sociales como la educación y la salud, buscando el bienestar colectivo y la reducción de las desigualdades.

Honestidad. Si bien no está explícitamente en la Constitución, el artículo tercero menciona a la educación como un medio para desarrollar “el amor a la Patria” y “el respeto a los derechos humanos”, valores que fomentan la honestidad y la integridad en la sociedad.

Responsabilidad. La Constitución establece responsabilidades para los funcionarios públicos y ciudadanos por igual, creando un marco de rendición de cuentas y compromiso con el bien común.

Igualdad. La búsqueda de la igualdad es un eje transversal en la Constitución, buscando garantizar la igualdad de oportunidades y trato para todos, combatiendo cualquier tipo de discriminación.

Respeto a los derechos humanos. La Constitución protege los derechos fundamentales de las personas, como el derecho a la vida, la libertad, la seguridad, la educación y la salud, estableciendo un marco jurídico que garantiza la dignidad humana.

En conjunto, dichos valores conforman la columna vertebral de la Constitución Mexicana, sentando las bases para que, como instrumento vivo, pueda ser interpretado y adecuado a cada servidor público.

En la búsqueda por una gobernanza más justa, transparente y eficiente, los Comités de Ética se erigen como pilares fundamentales para el desarrollo de una cultura de integridad en el servicio público. Estos órganos colegiados e integrados por servidores públicos de diversos niveles jerárquicos, tienen la encomienda de cuidar  los principios y las normas de conducta que rigen el actuar de los funcionarios.

En México, más allá de las determinaciones constitucionales transcritas, se puede evidenciar una historia relativamente reciente de los Comités, que ha cobrado gran importancia en los últimos años. Estos son instrumentos que, a través de su labor preventiva, contribuyen a fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones, fomentar la rendición de cuentas y promover una gestión pública basada en la profesionalización, el compromiso y la responsabilidad.

No existe una fecha exacta que marque el inicio de su existencia normativa específica, pero se pueden identificar hitos importantes en su evolución que conviene dejar establecidos en la Tabla 1:

En la actualidad, los Comités de Ética se encuentran en un proceso de consolidación y fortalecimiento en todo México. Su papel es cada vez más relevante en un contexto donde la percepción de la corrupción atiende directamente a la desconfianza que las personas sienten por sus instituciones y quienes las integran.

Este fenómeno es percibido por la sociedad mexicana como un problema grave, según la última Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (INEGI, 2023), identifica que 83.1% de las personas encuestadas comentan que los actos de corrupción son frecuentes o muy frecuentes, lo que genera asimetrías para producir confianza en las personas servidoras públicas.

En ese sentido, el valor en México de estos órganos colegiados representa además la oportunidad de dar un justo cumplimiento a la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción del año 2003. Es en donde particularmente se reconoce la promoción de la integridad, honestidad y la responsabilidad entre los funcionarios cuya adopción debe propiciar los Códigos de Conducta (ONU, 2004).

Sin embargo, tratar de asignar los valores sin una correcta identificación a las sociedades contemporáneas, en las que los principios pueden tener aproximaciones de distopía supone un reto mayor: concentrar realidades y contextos sobre las experiencias morales de la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas. Es un desafío necesario para iniciar los procesos de reflexión y diálogo social, y así llegar a un consenso en la definición de principios que supere los cambios de administración en cualquier orden de gobierno. 

Una posible respuesta para esta situación se puede centrar en el binomio particular: la ética y la integridad. Estas dan pautas significativas para construir asientos hacia una eficiencia gubernamental, ya que determinan rigurosamente en el ámbito público no solo las bases para el correcto funcionamiento de las instituciones, sino que también permiten un futuro más justo y equitativo para todos.

Esta eficiencia, que se enmarca en su implementación, sostiene la toma de decisiones responsables y fundamentadas en principios morales sólidos alejados de dilemas que puedan extraviar la razón. Por lo que los servidores públicos con un fuerte compromiso ético, actuarán con honestidad, imparcialidad y justicia, cuidando siempre el bien común y el interés general. Por otro lado, también podemos afirmar que la coherencia entre las acciones y los valores declarados genera confianza en la ciudadanía y fortalece la legitimidad de las instituciones.

La sinergia y estricto apego suscita un círculo virtuoso continuo en todos los niveles del gobierno. Sin embargo, sostener que por la puesta en marcha de reglas y parámetros de medición del actuar del servicio público tendremos apuestas a largo plazo, se puede predecir un final que debilite el entusiasmo de la planeación. Por lo tanto para que la integridad pública se infiltre en cada persona al servicio público, es necesario que el individuo se encuentre con una evaluación propia de su conducta, bajo un sentido crítico, y acepte nuevos conceptos para su actividad laboral. En este sentido, la autoevaluación se convierte en una columna fundamental para el crecimiento individual y, consecuentemente, colectivo.

Esto supone que el modelo de ética no sea un reglamento interno que sancione y obligue a cargar una autoridad, sino la guía para promover una cultura de reflexión en el servicio público, la exteriorización de los conflictos de interés y el fomento a la formación continua. De esta manera, se brinda a los servidores públicos las herramientas necesarias para comprender y aplicar los principios en su trabajo diario y recompensar las conductas cuya acción sea con integridad y responsabilidad.

En definitiva, los Comités de Ética no son sólo conceptos abstractos, sino herramientas poderosas para construir una gobernanza eficiente y transparente. Su activación rigurosa en el ámbito público es esencial para garantizar el bienestar de la ciudadanía y el desarrollo sostenible del país. Es un compromiso que requiere un gran acuerdo de voluntades de todos los actores sociales, desde los gobernantes hasta los ciudadanos. 

Bibliografía y fuentes de información

Adame, J. (2020). Honestidad y justicia, dos valores imprescindibles. Gaceta UNAM, 1-2.

Burgoa, I. (1989). Las Garantías Constitucionales. México: Porrúa.

CPEUM (5 de Febrero de 1917). Congreso de la Unión. Obtenido de Cámara de Diputados: https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf

García, J. O. (2019). Manual para fortalecer la igualdad y erradicar la violencia de género de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. Estado de México: CODHEM.

Groser, M. (2014). Antologías para el estudio y la enseñanza de la ciencia política. Volumen I: Fundamentos, teoría e ideas políticas. México: Jurídicas UNAM.

INEGI (2023). Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2023. MÉXICO: INEGI.

ONU (2003). Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. Nueva York: Naciones Unidas.

SCJN (Septiembre de 2006). Semanario Judicial de la Federación. Obtenido de Suprema Corte de Justicia de la Nación: https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/174247