La cultura de la transparencia, como ruta hacia la integridad y la ética pública
La cultura de la transparencia, como ruta hacia la integridad y la ética pública
La transparencia en el sector público se ha convertido en una piedra angular para la promoción de la integridad y la ética en la administración pública. En una era donde la información es poder y se configura como elemento vertebrador del ecosistema digital, y en donde la sociedad demanda mayor rendición de cuentas, la cultura de la transparencia emerge como un mecanismo indispensable para fortalecer la confianza ciudadana y combatir la corrupción. El presente texto explora la importancia de la transparencia en el sector público como catalizador de la integridad personal y su influencia en el fortalecimiento de la ética pública.
Cultura y transparencia
Para iniciar es necesario partir de la definición de los conceptos del presente trabajo. De acuerdo a la UNESCO (1996) la cultura es: “el conjunto de rasgos distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan una sociedad o un grupo social. Ello engloba, además de las artes y las letras, los modos de vida, los derechos fundamentales al ser humano, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias” y debe ser considerada como un eje central de las administraciones públicas, ya que en la medida que la cultura permee en las estructuras sociales es que las personas podrán tener entornos justos y equitativos.
En México, y desde hace más de dos décadas, diversas entidades gubernamentales, autónomas, académicas, empresariales y sociales, hemos trabajado en agendas colaborativas con un fin común: la promoción de la cultura de la transparencia. En el año 2002, dos años después de la alternancia democrática mexicana, fue creada de la primera Ley de Transparencia en México, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (LFTAIPG, 2002) en la que se incluyó la creación del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI) y se establecieron las bases de publicidad y apertura de la información gubernamental en el ámbito federal.
Tiempo después vinieron las reformas constitucionales de 2007 y 2014, sustantivas para el fortalecimiento de la cultura de la transparencia en México. En la primera reforma fueron adicionadas siete fracciones mediante las que se reguló el derecho a la protección de los datos personales, el acceso a la información pública, la existencia de organismos especializados e imparciales, la protección de los archivos públicos y la transparencia. Y, en la segunda, fue ampliado el catálogo de sujetos obligados a transparentar información, como los partidos políticos y sindicatos, así como las personas físicas y morales que reciban y ejerzan recursos públicos o que realicen actos de autoridad.
En Jalisco, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios tiene por objetivo, entre varios más:
Promover, fomentar y difundir la cultura de la transparencia en el ejercicio de la función pública, el acceso a la información, la participación ciudadana, así como la rendición de cuentas, a través del establecimiento de políticas públicas y mecanismos que garanticen la publicidad de información oportuna, verificable, comprensible, actualizada y completa, que se difunda en los formatos más adecuados y accesibles para todo el público y atendiendo en todo momento las condiciones sociales, económicas y culturales de cada región (LTAIPEJM, art. 2, fracción VIII).
De igual manera, prevé entre las obligaciones del órgano garante en la materia, el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco (ITEI):
Promover la cultura de la transparencia mediante la promoción de que en el sistema “educativo estatal y de educación superior se incluyan temas o asignaturas que fomenten entre los alumnos la importancia de la transparencia y el derecho a la información, así como las obligaciones de las autoridades y de las propias personas al respecto, y promover con las universidades del Estado u otros organismos o agrupaciones que gocen de reconocimiento, la elaboración e implementación de diplomados, postgrados, maestrías, entre otros, sobre estos temas (LTAIPEJM, art. 35 1.I).
Con ello podemos afirmar que la salvaguarda y la promoción de la cultura de la transparencia es imprescindible, como un fin en sí mismo, para generar las condiciones propicias que permitan a todas y todos los integrantes de la sociedad el acceder a información útil, relevante, de la función pública y con ello poder tomar decisiones, evaluar el funcionamiento de las políticas públicas y favorecer, o no, con el voto a actores políticos con base en sus resultados.
La transparencia en el sector público: concepto y relevancia
La transparencia en el sector público implica la disponibilidad y el acceso a información gubernamental relevante, veraz y oportuna para la ciudadanía. Este principio se basa en la idea de que el gobierno debe operar de manera abierta, permitiendo que las acciones y decisiones de los funcionarios públicos sean visibles y, sobre todo, comprensibles para quien tiene acceso a esa información. La transparencia se manifiesta a través de la publicación de datos, la claridad en los procesos administrativos y la accesibilidad de la información pública.
En México, la transparencia ha dejado en claro que las autoridades públicas tienen la obligación, en el ámbito de sus competencias, de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, bajo los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, así como bajo el principio pro persona cuya incorporación a nuestra Carta Magna a través de la Reforma Constitucional en materia de Derechos Humanos de 2011, logró fortalecer el sistema de protección de derechos en México.
Al hacer que las acciones y decisiones gubernamentales sean visibles y accesibles para el público, se crea un entorno menos propicio para prácticas corruptas, volviendo así a la transparencia como una herramienta crucial para el combate a la corrupción, sin embargo, la transparencia por sí sola no es suficiente para erradicar este mal. Es un componente esencial, pero debe ser complementado con otros mecanismos y una infraestructura robusta para ser efectivo.
La corrupción en México no es solo un problema institucional, sino también cultural. En muchas áreas, la corrupción se ha normalizado y se percibe como una forma aceptable de hacer negocios o de acelerar trámites burocráticos. Esta aceptación social de la corrupción socava los esfuerzos de transparencia, ya que los ciudadanos y los funcionarios pueden ver las prácticas corruptas como inevitables o incluso necesarias, por ello la necesidad de fortalecer la integridad y la ética para encontrar soluciones profundas a este mal endémico que lacera la vida social e institucional de México.
Ética personal y ética pública: caras de una misma moneda
La ética pública hunde sus raíces en la ética personal, y esta última es, en definición de Aristóteles en su Ética a Nicómaco (trad. en 1985) la ciencia que se ocupa de la virtud y del carácter moral del individuo, así como de la relación entre sus actos y el bien; desde la perspectiva interior del ser humano, y en una visión con mayores tintes sociales, se encuentra la definición que da Singer (2011): “la ética es la aplicación de la razón a la cuestión de cómo debemos vivir y qué acciones son moralmente correctas, con un énfasis en la consideración de los intereses de todos los seres afectados”.
Podemos ver que ambas definiciones se complementan, ya que la ética personal, de manera voluntaria o no, incide en el entorno social: decisiones personales, que tomamos desde la intimidad de nuestro ser, en momentos en que el único juez es nuestra con conciencia, cobran una vital relevancia ya que pueden afectar, para bien o para mal, a esferas públicas y a individuos que forman parte de esas esferas.
Ahora bien, la ética personal y la ética pública están intrínsecamente relacionadas, especialmente en el contexto del servicio público. Como se mencionó en el presente texto, la ética personal se refiere a los principios morales que guían el comportamiento individual, mientras que la ética pública abarca las normas y valores que rigen el comportamiento de los funcionarios públicos en su interacción con la sociedad. La implementación de una sólida ética personal en el servicio público no solo mejora la conducta individual, sino que también fortalece la ética pública en general, creando un entorno de confianza y responsabilidad.
La ética personal aplicada en el servicio público tiene un impacto significativo en la ética pública. Cuando los funcionarios públicos actúan con ética personal, sirven de ejemplo para sus colegas y para la sociedad en general. Este comportamiento ejemplar ayuda a establecer estándares elevados de conducta en las instituciones públicas, creando una cultura organizacional basada en valores éticos.
La promoción de la ética pública se fortalece cuando las acciones individuales de los funcionarios se alinean con los valores y normas institucionales. Los principios de transparencia, responsabilidad y rendición de cuentas se convierten en prácticas cotidianas, lo que reduce las oportunidades para la corrupción y mejora la confianza de la ciudadanía en las instituciones públicas. Un entorno donde prevalece la ética pública, se favorece la toma de decisiones justas y equitativas, y se promueve el bienestar general y la justicia social.
Cuando los funcionarios públicos adoptan estos principios en su vida profesional, contribuyen a la creación de un ambiente de entendimiento y respeto mutuo. Por ejemplo, un funcionario que actúa con integridad y transparencia en la gestión de recursos públicos evita la corrupción y promueve la eficiencia, al tomar decisiones en pro de las personas y asegurando que los recursos se utilicen para el beneficio común. Además, la adopción de una ética personal sólida ayuda a prevenir conflictos de interés, ya que los funcionarios son más propensos a tomar decisiones basadas en el bien común en lugar de intereses personales.
Además, la aplicación de la ética personal en el servicio público fomenta una mayor participación ciudadana. Cuando los ciudadanos perciben que los funcionarios públicos actúan con ética y transparencia, están más dispuestos a involucrarse en procesos democráticos y a colaborar en la formulación de políticas públicas. Esta colaboración entre el gobierno y la ciudadanía es esencial para la creación de políticas más efectivas y legítimas, basadas en las necesidades y expectativas reales de la sociedad.
La contribución de la transparencia a la ética pública
La transparencia es un componente esencial para la promoción de la ética pública, actúa como un mecanismo de control y rendición de cuentas que fortalece la confianza de la ciudadanía en las instituciones gubernamentales. Al hacer visible y accesible la información sobre las acciones y decisiones del gobierno, la transparencia fomenta un ambiente de apertura y responsabilidad, donde los funcionarios públicos son conscientes de que sus actos están sujetos al escrutinio público, saber que sus acciones serán observadas y evaluadas por la ciudadanía y por entidades de control motiva a los servidores públicos a actuar con mayor integridad y profesionalismo. Esta vigilancia constante actúa como un disuasivo para conductas indebidas y refuerza la importancia de seguir principios éticos en la administración pública.
La transparencia facilita la prevención y la detección de la corrupción. Cuando la información gubernamental está disponible para el público, las posibilidades de que se oculten prácticas corruptas disminuyen significativamente. La accesibilidad a datos sobre contratos públicos, presupuestos y gastos permite a la ciudadanía y a organizaciones de la sociedad civil monitorear y evaluar la gestión de los recursos públicos, detectando irregularidades y exigiendo rendición de cuentas. Un ejemplo claro es que cada vez es más difícil ocupar puestos públicos sin tener las credenciales para ello, sin tener el perfil debido.
La transparencia también fortalece la participación ciudadana y la confianza en el gobierno. Cuando los ciudadanos tienen acceso a la información y pueden entender las decisiones gubernamentales, están más dispuestos a participar en procesos democráticos y a colaborar en la formulación de políticas públicas. Esta interacción entre gobierno y sociedad civil es fundamental para la legitimidad y la efectividad de las políticas públicas.
Conclusión
La ética personal se erige como el cimiento sobre la que se construye la ética pública. Los principios y valores individuales, tales como la honestidad, la integridad y la responsabilidad, cuando son interiorizados y practicados por los funcionarios públicos, establecen un estándar moral que permea toda la estructura institucional. Esta integración de la ética personal en el ámbito profesional no solo mejora la conducta individual, sino que también establece una administración pública sólida, basada en el respeto mutuo y la búsqueda del bien común. De este modo, la ética personal se convierte en un motor esencial para el fortalecimiento de la ética pública, contribuyendo a la creación de instituciones más justas, equitativas y responsables.
Por otro lado, la transparencia funge como un catalizador que impulsa y refuerza esta ética pública. Al hacer visibles y accesibles las acciones y decisiones gubernamentales, la transparencia promueve la rendición de cuentas y la participación ciudadana, dos elementos cruciales para la legitimidad y la eficiencia de las instituciones públicas. La disponibilidad de información pública no solo previene prácticas corruptas, sino que también fomenta una cultura de integridad y responsabilidad entre los servidores públicos. Así, la transparencia, al complementar la ética personal de los funcionarios, se convierte en una herramienta poderosa para consolidar una administración pública que responda efectivamente a las expectativas y necesidades de la sociedad, fortaleciendo la confianza y la cohesión social. Fomentar la transparencia es, sin duda, un paso crucial hacia un gobierno más ético y humano.
Bibliografía y fuentes de información
Artistóteles (1985) Ética Nicomáquea. Ética Eudemia (J.P. Bonet, trad.). Madrid, España: Editorial Gredos.
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