La integridad y la ética en el desempeño de la función pública
La integridad y la ética en el desempeño de la función pública
La integridad y la ética en el ámbito público nunca han sido características distintivas de la gestión gubernamental en México. Por el contrario, la historia muestra que la corrupción ha sido una constante en la administración pública desde el nacimiento de este país. Gabriel Zaid, con la agudeza que le caracteriza, ha dado una de las mejores explicaciones de este inconveniente: “la corrupción no es una característica desagradable del sistema político mexicano, es el sistema” (2019: 40). Según Zaid, la corrupción es parte integral del engranaje que permite el funcionamiento de los gobiernos.
A primera vista, este diagnóstico parecería desalentador, sugiriendo que no hay espacio para un cambio hacia la ética y la integridad pública. Sin embargo, existen señales de cambio y razones para promover un nuevo paradigma que fomente valores y principios en la gestión pública. La principal señal es la indignación social que genera la corrupción, una diferencia significativa respecto al régimen autoritario del siglo XX, en el que el uso patrimonialista de los recursos públicos era aceptado como una prerrogativa de la clase política en el poder.
Bajo este contexto, resulta fundamental abordar tres cuestiones clave para entender los alcances y limitaciones de una agenda favorable a la integridad pública, y así estar en condiciones de generar un cambio real en el desempeño de la función pública. El presente documento se estructura en torno a dichas preguntas: primero, aclarar qué significa ética o integridad pública; segundo, presentar los valores y principios de la ética en un régimen político democrático; y, finalmente, discutir si la ética y la integridad pública pueden ser elementos exitosos como criterios en la toma de decisiones políticas.
¿Qué son la integridad y la ética pública?
La principal característica de ambos conceptos es que están dirigidos a resolver cuestiones prácticas; tienen que ver con la experiencia, no con el conocimiento descriptivo (teoría). La integridad y la ética sirven para elegir entre alternativas y, en el ámbito público, específicamente entre aquellas que dotan de valor y afirman los principios de lo que se considera el interés común. Reflexionamos de manera ética y con integridad sobre aquellas situaciones que exigen tomar cursos de acción para lograr la mejor realización de nuestros proyectos de vida y de comunidad.
Según el diccionario etimológico de María Moliner (1983), la palabra integridad proviene del latín integer, que significa “entero”. La cualidad de íntegro hace referencia a algo completo, no dañado, en plenitud. Sin embargo, una definición de diccionario no basta para calificar a una persona o circunstancia como dotada de integridad; es necesario comprender las características del concepto. Manuel Villoria (2016: 157), siguiendo a Stephen Carter, señala que la integridad requiere de la formalización en tres pasos: 1) conciencia moral: el discernimiento de lo que está bien y lo que está mal; 2) coherencia en las acciones: actuar de forma congruente con los resultados del discernimiento, incluso con coste personal; 3) coherencia en las opiniones: declarar abiertamente que se actúa de forma consistente con lo que se entiende como correcto.
La ética, por su parte, se compone de un conjunto de valores que articulan un sistema de principios destinados a regir la conducta de las personas y sus juicios respecto de su conducta y la de los demás. Según Fernando Savater, “la ética es el arte de saber vivir, por lo tanto, el arte de discernir entre lo que nos conviene y lo que no, entre lo bueno y lo malo” (2017: 23). En términos generales, no hay diferencias significativas entre los conceptos de “ética” e “integridad”; se les reconoce como sinónimos. No obstante, es útil distinguir entre un sistema de principios que orientan la toma de decisiones (ética) y la aplicación coherente de esos principios (integridad).
Es importante aclarar que la ética pública no es una ética especial para temas del gobierno y la administración, sino una ética aplicada a los asuntos de interés público. Max Weber la llamó “ética de la responsabilidad”.
¿Cuáles son los valores y principios de un buen gobierno?
La ética y la integridad pública son cruciales porque contribuyen a la construcción de una sociedad más justa y equitativa, protegen los derechos de los ciudadanos, fomentan la confianza en las instituciones públicas, fortalecen el tejido social y la comunidad, promueven una democracia de calidad y un Estado de Derecho vigoroso. Estos resultados son imposibles bajo un régimen autoritario que no responde al interés común, no limita el ejercicio del poder, ni promueve la participación ciudadana en los asuntos públicos.
Quienes sirven en la Administración Pública enfrentan regularmente situaciones que ponen a prueba su compromiso con la integridad al tener que elegir entre múltiples alternativas la decisión correcta o aquella que maximice los valores de un buen gobierno. La ética pública proporciona los valores que sirven de parámetro para actuar correctamente y de manera íntegra. Los principios esenciales de un buen gobierno, según Victoria Camps, incluyen:
1. El respeto y promoción de los derechos humanos en el marco constitucional.
2. El servicio al interés general.
3. El respeto al Estado de Derecho y la imparcialidad en la aplicación de las normas.
4. La responsabilidad en la eficiencia y el uso correcto de los bienes públicos.
5. La responsabilidad profesional y la humanización de la administración, es decir, la preocupación por los problemas de la ciudadanía, evitando la distancia y la indiferencia burocrática.
6. La transparencia en la actuación pública.
7. La plena disposición a la rendición de cuentas.
8. No se puede omitir la mención de las conductas contrarias a los valores de un buen gobierno. Estas conductas, desplegadas por funcionarios públicos que incumplen con sus responsabilidades, incluyen la corrupción, el formalismo, la desidia y la incompetencia, como ha analizado Isabel Lifante (2017), quien aborda estas conductas desde una perspectiva preventiva, enfocada en lo que exige el correcto desempeño de una responsabilidad pública, en lugar de abordar el problema solo después de que se ha producido el daño o incumplimiento.
¿Es posible la ética y la integridad pública en la política?
Una objeción común a introducir criterios éticos en las decisiones del gobierno es la tesis de la separación entre política y moral. Esta tesis afirma que la dinámica del poder político es autónoma y que la política es el reino de la astucia y del cálculo para obtener y mantener el poder, trascendiendo las exigencias del discurso moral por dos razones: 1) porque la ética conduciría al fracaso al frustrar la obtención de objetivos de poder; 2) porque así lo exige la naturaleza “diabólica” y maligna de la política.
Ernesto Garzón y Francisco Laporta han refutado brillantemente esta tesis. Garzón muestra que, en las democracias contemporáneas, la carrera política de un funcionario está influenciada por los juicios morales de sus electores, lo que incentiva a los políticos a actuar bajo parámetros moralmente correctos para mantenerse en el cargo, ser reelectos o evitar un voto de castigo por conductas reprochables (Garzón Valdés, 1993). Laporta subraya que, incluso aceptando que la política es el reino de la astucia, “se puede distinguir entre acciones astutas buenas y malas” (Laporta, 1990).
Además, es cuestionable la noción de la “satanización” de la política que identifica Max Weber. No todas las acciones en la vida política son inescrupulosas, y hay espacio para la justificación moral de las conductas, instituciones y decisiones políticas. Incluso Kant propuso un modelo de sociedad de mínimos éticos, donde, a pesar de la perversidad de sus miembros, es posible establecer un Estado justo: “El problema del establecimiento del Estado tiene solución, incluso para una estirpe de demonios, por muy fuerte que suene (siempre que tengan entendimiento)” (Kant, 1999).
Lo acertado de estas objeciones radica en la defensa de una visión según la cual, incluso personas con pocas cualidades morales pueden ser buenos ciudadanos. No se necesita una conversión moral completa para conseguir una comunidad política gobernada por valores éticos.
Conclusión: ¿tiene futuro la integridad en la función pública?
En el México del siglo XXI, existe un creciente reproche social y un costo político para aquellos funcionarios que se apropian indebidamente de lo público para beneficio privado. Esta indignación ha llevado a la creación del Sistema Nacional Anticorrupción en 2015 y al surgimiento de organizaciones civiles y estudios académicos especializados en la detección y denuncia de casos de corrupción. Casos que anteriormente no eran relevantes en términos noticiosos para la opinión pública hoy forman parte de la agenda permanente de los medios de comunicación.
En los tiempos que corren, ante la erosión de los regímenes democráticos, la emergencia de líderes populistas y el pragmatismo político que en muchas ocasiones normaliza la corrupción política, es cuando más necesaria resulta la ética y la integridad en el desempeño de funciones públicas. La prevención de la corrupción, el formalismo, la desidia y la incompetencia en la función pública, tendrían que ser los problemas de una agenda integral y transversal de los tres órdenes de gobierno en México.
El futuro de la integridad en la función pública depende en gran medida de la voluntad política y del compromiso de la sociedad para exigir transparencia, rendición de cuentas y un desempeño responsable de las funciones públicas. La corrupción disminuirá en la medida en que las decisiones de interés público se realicen con transparencia y bajo la luz pública, tal como sugiere Zaid: “La corrupción desaparece en la medida en que las decisiones de interés público pasan de la zona privada del Estado a la luz pública” (2019: 39).