La participación ciudadana en el fortalecimiento de la integridad pública 

Durante las dos décadas más recientes, la participación ciudadana ha recobrado importancia gracias a los avances democráticos, como reformas electorales, orgánicas y de fomento a la participación; así como los avances tecnológicos que propiciaron la saturación de la información a través del internet y la posibilidad de integrar gran cantidad de información en plataformas con una gran capacidad de opciones respecto a su uso. En el presente texto abordaremos primero las reformas que originaron los sistemas de transparencia e información y el combate a la corrupción; y segundo, el gobierno abierto como un elemento que contribuye en la transparencia y la participación ciudadana.

En México, la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y con ello el establecimiento de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT); la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción y el establecimiento de la Plataforma Digital Nacional (PDN); la armonización en el Estado de Jalisco con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Jalisco; son avances importantes tanto en la participación ciudadana como en el fortalecimiento de la integridad pública.

Si bien existen otros mecanismos formales desde la participación ciudadana como son los determinados en el artículo 30 de la Ley del Sistema de Participación Ciudadana y Popular para la Gobernanza del Estado de Jalisco, estos desbordan el alcance del presente texto, por lo que nos enfocaremos en los temas relacionados con la transparencia, participación ciudadana y combate a la corrupción. 

Así como la participación ciudadana ha tenido posibilidades, desde mecanismos formales de gran calado, como a los que referimos anteriormente del artículo 30, de los que consisten en realizar solicitudes o peticiones, es decir, poder interactuar con la administración pública y lograr que sus opiniones tengan capacidad de incidencia. Es así como a través de mecanismos menos formales, esto es, la oportunidad de expresar sus opiniones, quejas e inconformidades con las actuaciones u omisiones gubernamentales a través de redes sociales, sin que ello implique un mayor despliegue. No obstante, estas posibilidades todavía están a medio camino y se debe evaluar hasta qué punto se está aprovechando la participación ciudadana ya sea a través de mecanismos formales como informales.

Cuando se vinculan los conceptos de transparencia y participación ciudadana, estamos hablando de gobierno abierto, el cual se puede entender a partir del Núcleo de Organizaciones de la Sociedad Civil para el Gobierno Abierto en México (NOSC, 2021) como la apertura del gobierno a través de mecanismos de transparencia que permitan divulgar la información y datos generados por la entidades –principalmente a través del uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC)–, y así fomentar la participación ciudadana a través de la colaboración de soluciones para la resolución de problemas públicos.

Esto permite comprender entonces que el gobierno –o el Estado como un aparato más amplio– construido sobre la base de un contrato social, se limitaba solo a cumplir con la publicidad de las actuaciones de la administración pública en asuntos puramente legales, a través de divulgación de normas en gacetas y diarios oficiales. Tal fue el motivo por el cual surgió la propuesta del gobierno abierto, obligando a reducir la opacidad de la administración del Estado, con lo cual se logre garantizar que la ciudadanía pueda hacer valer su derecho de acceso a la información y los datos que producen las entidades gubernamentales –no solo las normas, sino presupuestos, programas, entre otros–; lo cual se concreta con la posibilidad que dicha información sirva a los ciudadanos para que puedan hacer propuestas para la resolución de problemas públicos; así como ejercer control ciudadano encaminado a combatir la corrupción.  

Al respecto, NOSC (2021) señala que el derecho de acceso a la información es el primer elemento para un gobierno abierto. Los recientes avances de la administración pública respecto al uso de tecnologías para divulgar información como la PNT y la PDN facilitaron, por el lado de la administración, divulgar información masiva, y por la parte de los ciudadanos, poder ejercer su derecho humano de acceso a la información. Lo anterior, desde el acceso a información relacionada con trámites, servicios, beneficiarios, presupuestos, sueldos, contratos, declaraciones, denuncias y sancionados es importante para el ejercicio de control ciudadano, y por ende, el combate a la corrupción.

Sin embargo, aún existen dificultades, puesto que la información reportada no cumple con criterios mínimos de calidad. No es clara o precisa respecto de lo que el ciudadano desea saber, en otros casos está desactualizada, lo cual dificulta el control ciudadano. Sin mencionar, que todavía persiste el uso de papel en trámites y servicios que ya debieron evolucionar a servicios digitales. 

A manera anecdótica, un ejercicio propio de investigación en los municipios de Jalisco, ha sido difícil encontrar de manera precisa –en algunos casos– la información sobre los jueces municipales –o jueces cívicos municipales. Por ejemplo, cuántas personas integran dichos juzgados, los titulares e información básica como el periodo de vinculación o el género. Lo anterior, en un ejercicio básico de investigación que requiere del derecho de acceso a la información, el cual se vio frustrado por la falta de esta, las ligas rotas, el típico “Error 404 – not found”, o información confusa e inconsistente.

En aspectos de transparencia y participación, aún existen enormes retos, recientemente El Colegio de México (2024), publicó su cuarta edición de la Métrica de Gobierno Abierto, que mide dos dimensiones como la transparencia y la participación desde dos perspectivas: la gubernamental y la ciudadana (véase Tabla 1). Esta métrica toma una muestra de 2,043 sujetos obligados en todo el país. Las calificaciones de esta métrica son de 0 a 1, donde 0 quiere decir que no hay apertura del gobierno, y 1 indica que el sujeto obligado está más cerca de un gobierno transparente y abierto a la participación ciudadana.

La evolución de la Métrica de Gobierno Abierto en el Estado de Jalisco muestra un descenso en la calificación del índice general en las dos últimas versiones –2021 con 0.48 y 2023 con 0.45–; no obstante, esta tendencia también se observa para todo México.  Jalisco se mantuvo en el décimo octavo lugar respecto de las 33 entidades –incluida la Federación. En 2017, se ubicó en la cuarta posición; en 2019, se ubicó en la sexta posición, y en 2021 se ubicó en el décimo octavo lugar.

El índice de participación y el de transparencia bajan en las últimas dos mediciones. El de transparencia pasó de 0.61 puntos en 2021 a 0.59 en 2023, mientras que el de participación pasó de 0.35 en 2021 a 0.31 en 2023. Si bien  no son significativos, y tendrían dos explicaciones posibles como los cambios metodológicos y muestrales realizados a lo largo de las ediciones de la métrica, han impactado en algunos resultados de un año a otro; y que los sujetos obligados no tienen la transparencia y la participación en su prioridad.

Como aspectos relevantes concretos de esta métrica, se encuentra que en los 61 sujetos obligados (correspondiente a la muestra seleccionada en Jalisco, en lo referente a datos abiertos, donde se implica la divulgación de datos con criterios de accesibilidad, actualización, licencia y formato abierto), 56 sujetos obligados tuvieron una calificación de cero y solo cinco pudieron lograr una calificación. En transparencia proactiva desde la perspectiva ciudadana, en el que se revisan varios criterios como acceso a la información, a través del buscador de Google o interno de la entidad, busca la confiabilidad de la información publicada con datos de origen o fechas y comprensibilidad. De manera adicional, evitar el uso de tecnicismos, la interacción ciudadana por medio de un mecanismo de participación y la fecha de actualización de la información publicada, en este caso, 21 sujetos obligados tuvieron una calificación de cero; y en participación desde la perspectiva ciudadana, dado que revisa los métodos de contacto como buzón, correo electrónico o chat en línea, teléfono, redes sociales, entre otros. Si estos activan algún mecanismo para considerar la propuesta ciudadana o celeridad en el contacto, 27 sujetos obligados tuvieron una calificación por debajo de los 0.5 puntos.

Esto permite dar como prescripciones a fin de mejorar en dichos aspectos, por ejemplo, en datos abiertos, la posibilidad de un intercambio de experiencias por parte de los sujetos obligados que cumplieron y tuvieron una buena calificación, con los demás sujetos obligados, la calificación podría ser debido a la falta de capacitación del personal para la organización de datos en formatos abiertos. En transparencia proactiva y participación desde la perspectiva ciudadana, la propuesta es más sencilla, en razón que estos aspectos requieren personal calificado, suficiente y dedicado para realizar la importante tarea de garantizar tanto el acceso a información como la participación de los ciudadanos a través de mecanismos de fácil acceso a partir de las TIC. Lo anterior, solo por citar algunos casos relevantes de la métrica y así proponer acciones de mejora en relación con tales aspectos.

La idea del gobierno abierto, que permita la transparencia y la participación, es una condición sine qua non para garantizar la integridad pública, pues esto permite el ejercicio del control ciudadano. Por ejemplo, dentro de la creación del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco (SEAJAL), se crea a su vez el Comité de Participación Social (CPS), el cual tiene por atribuciones de la constitución y las leyes enviar una opinión técnica de evaluación de varios procesos de designación de cargos públicos. Es para dichos procesos que el CPS conforma un comité ampliado por personas expertas en las competencias y naturaleza del cargo a designar, para esto se apoya sobre el uso de la información que presentan los candidatos, la cual se verifica y se contrasta. Para conocimiento de la ciudadanía se publica la información de estos procesos en el sitio web, y así se contribuye en la integridad pública.

No obstante, la labor de la participación ciudadana –no solo en la labor del CPS, sino del control de organizaciones de la sociedad civil– en los procesos de designación se ha visto afectada debido a que, por un lado los procesos de designación siguen realizándose a través de mecanismos que implican que la inscripción deba realizarse de manera presencial: con la entrega de unidades de almacenamiento electrónico USB. En estos, la información contenida puede tener errores de lectura o puede hacer falta información. Por otra parte, y aunque quienes realizan la convocatoria,  publican la información del proceso, dicha información no cumple con criterios de datos abiertos y se limita solo a la publicación de documentos. Además, no se cuenta con un repositorio de fácil acceso que permita tener certeza sobre quién fue designado, su periodo, perfil profesional y de experiencia, entre otros elementos.

Por tanto, los procesos de designación pública deben ser abiertos, a través de un sistema de información que permita la inscripción en línea, en el cual se pueda realizar el respectivo cargue de documentación evitando archivos con errores de lectura e información incompleta. A su vez, que la información pueda ser descargable en formato de datos abiertos y la posibilidad de acceder a un repositorio para identificar los elementos que determinaron la elección de una persona –pues se dieron casos en los que aún cuando participantes tuvieron una calificación por debajo del puntaje mínimo aprobatorio, se dio la designación en perjuicio de los derechos de otros participantes que sí lograron la debida puntuación–, el periodo por el cual se designa, el perfil profesional y la experiencia.

En conclusión, pese a los avances en relación con la divulgación de información en el marco de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; se requiere el fortalecimiento de mecanismos de participación ciudadana. Esto permitirá que se efectúe la co-creación, es decir, la colaboración entre el gobierno y la ciudadanía para resolver o mitigar problemas públicos, y por otra parte, la creación de valor público, entendido como la satisfacción de la ciudadanía de los bienes y servicios que ofrece el Estado.

En ese sentido, se deben fortalecer los mecanismos de designaciones públicas a través de una ley que permita darles uniformidad a los procesos, convertir las opiniones técnicas del CPS en un elemento vinculante, y abrir los procesos al escrutinio público; lo cual evitaría que lleguen a puestos personas que no cuentan con las capacidades y que vayan a favorecer los intereses particulares de sus electores/nominadores en la lógica de “cuotas y cuates”. Solo así se podrá lograr relevancia de la participación ciudadana en el fortalecimiento de la integridad. 

Bibliografía y fuentes de información

El Colegio de México (2024), Métrica de Gobierno Abierto 2023, El Colegio de México, México, disponible en: https://colmex.shinyapps.io/metrica_gobierno_abierto_2023/

Núcleo de Organizaciones de la Sociedad Civil para el Gobierno Abierto en México (NOSC). 2021. El derecho de acceso a la información pública: El primer paso para un Gobierno Abierto. https://gobabiertomx.org/el-derecho-de-acceso-a-la-informacion-publica-el-primer-paso-para-un-gobierno-abierto/#:~:text=Junio%2010%2C%202021.,%2C%20sobre%20todo%2C%20participaci%C3%B3n%20ciudadana.