“Contraloría: clave para abatir la corrupción”, entrevista a Nancy García Vázquez

La doctora Nancy García Vázquez es investigadora, académica y experta en el fenómeno de la corrupción. Recientemente concluyó un periodo de cinco años en el Comité de Participación Social de Jalisco, en el que presidió este organismo durante 2022-2023; en esta entrevista para nodos nos habla sobre los retos de la lucha anticorrupción en Jalisco, el rol de la Contraloría en este ámbito y el dimensionamiento de esta batalla como un fenómeno multifactorial, en el que históricamente México había tenido un desarrollo muy pobre en materia de control de la corrupción, que apenas ahora se busca revertir con sus diferentes estrategias y mecanismos, como los sistemas estatales y la implementación de las políticas anticorrupción como el eje central de esta agenda.

¿Por qué no hemos podido inhibir la corrupción sustancialmente en México, a pesar de que disponemos de mecanismos similares a otros países que están  situados entre los  primeros lugares  en  esta  materia? 

Primero hay que entender que la corrupción es un fenómeno de muchas causas, hay factores económicos, sociales, políticos, jurídicos… es decir, ninguna institución por sí sola podría atender todas las causales de la corrupción.

La corrupción siempre va a existir y siempre ha estado presente en la historia de la humanidad y en la historia de México. Lo relevante de este ámbito es detectar qué capacidad tienen los gobiernos para hacer frente a fenómenos como la corrupción. Y, como señalas, no estamos en los primeros lugares porque, desgraciadamente, las capacidades del gobierno no son las mismas en México que en otros países donde tienen tribunales mucho más eficientes, por ejemplo, donde se investiga y se sanciona con mayor rapidez y se tiene más tecnología para identificar un tema de corrupción. 

Es decir, la inversión que ha hecho México –y no me refiero en este momento preciso, sino estoy hablando en los recientes cien años– para fortalecer sus mecanismos de rendición de cuentas, de contrapesos, de control de la corrupción, fue nula o fue mínima. Entonces, imagínate en el periodo donde tuvimos un sistema hegemónico de gobierno, no había incentivos para controlar la corrupción ni para hacer que los gobernadores rindieran cuentas. 

Los márgenes de la corrupción en México se reflejan en prácticas administrativas, legales y judiciales que todavía siguen vigentes en muchos lugares del país, en los estados, en los municipios, en el propio gobierno federal. 

Por tanto, México ha tenido un desarrollo institucional muy pobre en materia de control de la corrupción que apenas ahora se está intentando revertir. Por eso en los índices, no de ahorita, no de este año, no del año pasado, en los últimos veinte años, México ha estado reprobado en los índices que tú quieras, que tienen que ver con control de la corrupción o con rendición de cuentas.

En este sentido, además de los mecanismos desplegados en México, ¿qué estrategias requerimos para realmente lograr mejorar dichos indicadores? 

Partamos de que los mecanismos no son abundantes. Llevamos muchos años con esquemas de contraloría y fiscalización. Y, a diferencia, en materia de investigación y  sanción de  los  delitos  de  corrupción tenemos muy  poco  tiempo,  es decir,  con la creación de  la  ley  del  Sistema  Nacional  Anticorrupción,  en  2015,  se  modificaron  algunos  procedimientos y se fortalecieron otros, pero en la práctica, hay un desfase muy grande entre lo que la ley dice y lo sucede en la realidad. Y esto otra vez tiene mucho, mucho que ver con la conformación del sistema político mexicano, que es un sistema que tiene mucho de captura de instituciones jurídicas, de captura de decisiones políticas, de captura de proyectos, de desarrollo institucional, que nos dota de un débil andamiaje institucional. Por tanto, desde 2015, lo que estamos viendo es detectar qué retos estamos enfrentando en la práctica para consolidar los resultados que la sociedad exige.

Estamos hablando de menos de una década de estrategias frontales a la corrupción, frente a un siglo completo o más en el que las instituciones en la materia o no existían o estaban completamente capturadas. Por tanto, para que alcancemos los niveles de calidad en la eficiencia gubernamental, en el control de la corrupción, en la rendición de cuentas de países desarrollados, primero se tendría que hacer una inversión muy importante, no en lo legislativo, sino en términos de capacidades institucionales y, sobre todo, garantizar que hubiera una auténtica separación de Poderes.

Tendrán que tomarse decisiones estructurales muy profundas para llegar a esos niveles internacionales. ¿Es esto posible? Sí se puede, porque hay países, por ejemplo Chile o Uruguay, que lo llegaron a hacer y que hoy tienen mejores indicadores  que  México, pero se trata de hacer cambios estructurales  porque   solo  con la aplicación  de  la  Ley  General del Sistema Nacional Anticorrupción seguirá siendo un trabajo insuficiente.

En este sentido, ¿cómo evalúa la independencia y la eficacia de los organismos anticorrupción en México?

Yo no metería a todos los organismos anticorrupción en una misma bolsa. Para empezar, justamente la idea de que trabajen como  sistema  es  porque son  instituciones  diferentes que tienen competencias distintas. Por ejemplo, en el caso de las contralorías y las auditorías, se han adaptado mejor a los mecanismos anticorrupción y en general al paradigma anticorrupción, es decir, han desarrollado más esquemas para detectar y para prevenir la corrupción y, eventualmente, para mejorar las investigaciones, que es una parte fundamental de los casos. 

Por otra parte, está el sistema Judicial, ahí es donde no hemos logrado avanzar lo que se necesita, lo que quisiéramos, lo que pone a México como uno de los países donde más se tarda en investigarse y en sentenciarse un  tema de corrupción. El Poder Judicial en México tiene problemas muy serios de eficiencia y de eficacia, y eso es en general, no sólo hablando de la corrupción, en estos días que se publicó el índice de impunidad y México tiene un 100% de impunidad, precisamente porque esas etapas que son importantísimas para hacer justicia no se cumplen. Eso es el problema del Poder Judicial en general. Por supuesto que afecta el de los órganos judiciales encargados del combate a la corrupción. 

Por tanto considero que la eficacia [de los organismos anticorrupción] ha sido diferente. No, no es lo mismo la de los órganos de transparencia que los de control del gasto público, hablando de la Contraloría y de la Auditoría.  Y tampoco ha sido igual la de la vinculación de la participación ciudadana. Yo creo que han sido relativamente diferentes, y en ese sentido lo que tendríamos que estar observando son cuáles han caminado de manera más contundente y dónde seguimos estancados. 

¿Entonces, considera que uno de los factores determinantes para que México no mejore en sus indicadores anticorrupción es justamente la impunidad que vivimos?

Sí. La impunidad es uno de los componentes más importantes de la corrupción, porque en la medida en que los actos no son sancionados  –o cuando la sanción es mínima–,  se propicia seguir cometiendo actos de corrupción; además, cuando no hay sanciones sobre las relaciones entre el sector privado y el público se crea un círculo vicioso y, efectivamente, la impunidad se vuelve un componente determinante que mantiene la corrupción.

¿Desde una perspectiva más antropológica, ¿cuál es el tipo de corrupción que más nos afecta?

Creo que la corrupción política, la que se da en el seno del espacio político o que se produce por las interacciones entre lo entre lo público y lo privado, porque en ese tipo de espacios se capturan decisiones sobre lo que aquí hablamos, es decir, ¿cómo le hago para mejorar las capacidades institucionales de un órgano anticorrupción?

De tal manera que si a un gobierno no le interesa esta lucha, entonces en lugar de fortalecer las políticas públicas sobre el tema las va a detener, las va a mantener en un techo. La corrupción política es la que más nos hace daño, porque está detrás de decisiones importantes, porque genera mucha incertidumbre, porque es profundamente discrecional, no democrática, así es la corrupción que se da desde el entorno político.

¿Considera que el Sistema Nacional Anticorrupción alcanzará el objetivo para el que fue creado? 

A ver aquí, aquí sería bueno aclarar que  los  sistemas  anticorrupción, no solo el nacional, sino en general, todos los sistemas anticorrupción están creados, primero, para que  las  autoridades encargadas de la rendición de cuentas, del control, de la corrupción, de la transparencia, se coordinen y establezcan  una  ruta  de  trabajo.  Segundo,  para  que  compartan capacidades y con eso el Estado sea más eficiente en la prevención, en la investigación, en la sanción de los actos de corrupción.  Y, tercero, yo creo que una de las funciones sustantivas de los sistemas es incorporar a la ciudadanía en estos esfuerzos anticorrupción. 

Entonces hay que entender que esa es la chamba de las instituciones que están en el sistema, porque como te decía al principio, la corrupción siempre va a existir, pero lo importante, lo sustantivo es qué capacidad tiene el Estado para atender el fenómeno de la corrupción de una manera integral en sus causas, en sus efectos… 

Entonces lo que se ha hecho con el andamiaje que está en la ley de los sistemas anticorrupción es  establecer  estas  herramientas que permitan la coordinación. Que primero fue la instalación de los sistemas, luego la aprobación de una política estatal y ahora varios estados, ya quince, entre ellos Jalisco, que están en la ruta de implementación. 

Entonces, si tú me dijeras ¿en cinco años qué es lo que tendríamos que ver que hicieron o que no hicieron? Estas tres cosas: Uno, coordinarse, ¿se coordinan o no se coordinan, trabajan de manera conjunta, sí o no? ¿Comparten información sí o no? Dos, ¿generaron capacidades sí o no? O sea, ¿son más fuertes como sistema para atender de manera más eficiente los casos de corrupción? Y tres, ¿incorporaron a la ciudadanía en la participación o la ciudadanía está mirando hacia otro lado?

La expectativa es que esas herramientas que están en la ley incidan en el control de la corrupción, pero definitivamente la corrupción no va a desaparecer. Entonces, cuando nos medimos frente al indicador, lo que revisamos es si disminuyó la percepción de la corrupción en la población, no si desapareció la corrupción como tal.

Y te digo en cinco años o en seis años o en veinte años, lo que vamos a ver es si todos estos esfuerzos se hicieron de manera adecuada, como la ley señalaba, y si eso efectivamente nos garantiza no solo la disminución de la percepción, sino que cuando suceda un acto de corrupción, pues que se investigue y se sancione adecuadamente.

Por ejemplo, me parece muy interesante esta vertiente de integridad, porque lo que nosotros estaremos viendo en el mediano plazo es si está cambiando la conducta de los servidores públicos. Lo que siempre les digo cuando doy cursos es que de pronto hablar de integridad, parece como una carta a los Reyes Magos, pero en realidad hay indicadores muy específicos que hablan del cumplimiento de la legalidad y de cómo los servidores se adhieren o no se adhieren, y eso lo puedes monitorear de una manera muy, muy clara y directa.

En el caso de la Contraloría del estado de Jalisco, esta se ha venido adaptando de manera adecuada al  esquema  anticorrupción, ya que justamente la Contraloría es un ente clave para hacer esa transformación, donde se define un nuevo perfil de servidor público, y lo que se va a estar observando es en su conducta. Y si su actuar va a ser diferente, porque en un esquema de incentivos diferente, entonces eso es lo que tienen que hacer los sistemas. 

En síntesis, la corrupción siempre va a estar, pero los sistemas [anticorrupción] tienen que ser eficientes en el sentido de atender los casos que se presentan, en el sentido de prevenir los casos que no debieron haber sucedido, y de mantener a la población como parte de las estrategias anticorrupción.

¿Dónde estamos en Jalisco y las y los jaliscienses en materia anticorrupción?

Hay una buena noticia que es precisamente que la percepción de la corrupción en Jalisco ha tenido, digamos, una disminución positiva. Es decir, hay menos wpercepción de la corrupción. Entonces Jalisco pasó de la séptima tasa más alta en actos de corrupción en 2019 al lugar 26 en 2021. Incluso se posicionó por debajo de la media nacional. 

Otro dato del INEGI es que en 2019 se cometieron 34 mil 545 actos de corrupción en Jalisco, y para 2021 la denuncia fue de 16 mil 497, se disminuyó 50% esta percepción. Ahora, ¿qué es lo pensé yo? Lo importante es lo que están haciendo los sistemas.

Jalisco tiene un Sistema Estatal Anticorrupción muy sólido por varias razones. Primero, porque más allá de la reforma al Sistema Nacional, en Jalisco ha habido una presión de la sociedad civil y de un sector empresarial muy fuerte para que las instituciones rindan cuentas y haya mecanismos para el control de la creación, eso permitió instalar un Sistema Estatal de Anticorrupción con todos sus integrantes Fiscalía, Comité de Participación Social, Tribunales, Auditoría, es decir, se instaló pronto y bien.

Y lo que tenemos ahora es nuestra  política  estatal  anticorrupción aprobada, que  se  trata  de  una  ruta  de  implementación, además de lo que hicimos en septiembre de 2023 con el gobernador Enrique Alfaro: firmar un acuerdo con los poderes públicos, precisamente, para implementar las acciones anticorrupción. Esto va a ser muy importante.

Todo lo que se ha hecho hasta este momento ha sido importante, pero la firma de dicho acuerdo apuntala este trabajo y abre un nuevo parteaguas, cosa nada fácil, porque en ese nuevo parteaguas todas las dependencias públicas, los municipios, los organismos constitucionales autónomos, los organismos paraestatales, las dependencias estatales, más de 600  sujetos  obligados  tendrán  que  desarrollar  acciones  anticorrupción. Todo esto no se hace de plumazo, sino que se deben crear capacidades, asignar presupuesto y, sobre todo, incorporar esta perspectiva anticorrupción al interior de cada dependencia pública, al interior de cada municipio, de ese tamaño es el reto. 

La firma de ese acuerdo sirve para hacer  esta  agenda  anticorrupción para el Estado en el corto plazo, y a ver qué va a hacer el municipio de Zapopan, que va a hacer el municipio de Vallarta, qué se va a hacer de un extremo al otro del estado.

Ahora,  en  el  mediano  y  en  el  largo  plazo,  como       jaliscienses, como sociedad, vamos a monitorear quién sí le entró y quién no al combate a la corrupción, así quedará muy clarito. ¿Qué hicieron los municipios?, ¿qué resultados obtuvieron?, ¿qué hicieron los organismos constitucionales autónomos?, ¿qué resultados obtuvieron?, ¿qué hizo mi Comité Coordinador y qué resultados tuvieron? 

Así que esta es la expectativa, esto es lo que está pasando en Jalisco. Hay estados donde aún no se da el banderazo de  salida. Así que aquí estamos haciendo un esfuerzo  institucional  importante  que  ojalá  se  mantenga  con   el cambio  de  administración. Esta presión social viene del sector  empresarial y del social, lo que es muy positivo para mantener todos estos esfuerzos.

No obstante, por supuesto que hay muchísimo todavía por hacer. Ya hablamos del Poder Judicial y del control de la impunidad, que es otro de los grandes retos. Pero sí, yo veo a Jalisco como un estado con avances importantes en este ámbito, que obviamente tendrán que verse reflejados en resultados.

¿Hacia dónde deben dirigirse todos estos esfuerzos?, ¿cuál sería la agenda urgente en ese sentido, durante 2024, tanto en Jalisco como en México?

Es  importante   darle  más  fuerza  a  la  capacitación para que cada ente público y sujeto obligado  desarrolle sus estrategias,  y ahí la Secretaría Ejecutiva  del  Sistema Anticorrupción  y el Comité de Participación Social son claves.

Sin embargo, el epicentro de la agenda es la implementación de las políticas. El que cada una de estas  dependencias o sujetos obligados, de que cada presidente municipal, de que cada regidor, que vaya integrando su plan y lo vaya tomando en serio. Eso es muy importante. Lo que me parece también trascendental es que, además, lo hagamos todos de manera conjunta, es decir el sistema y, en general, todas las dependencias públicas. Para eso es el acuerdo firmado con el Ejecutivo. Y, ¿qué te digo?, independientemente del año en curso, en las agendas electorales el tema anticorrupción es uno de los temas más relevantes.