Entrega-recepción y participación ciudadana

Los cambios de administración en los tres órdenes de gobierno deben llevarse a cabo a través un protocolo claramente establecido donde la administración saliente hace entrega del estado de la Hacienda Pública a la administración entrante, enterándola de los haberes y deberes que deberán asumirse con absoluta seriedad y compromiso. Esta rutina institucional es conocida como el acto de  entrega-recepción, y a pesar de tratarse de uno de los protocolos más  normados y repetitivos de la función pública  enfrenta  problemas  recurrentes que podrían ser mitigados por más y mejor participación ciudadana. A continuación, haremos una breve mención  de  estos  problemas como  antecedente del argumento en pro de la participación ciudadana  durante los procesos de entrega-recepción.

Falta de profesionalismo

Aunque los lineamientos pueden tener diverso grado de complejidad dependiendo de la normativa aplicable –incluso contemplando en varios casos la creación de libros blancos, memorias documentales y actas administrativas–  la realidad varía dependiendo del orden de gobierno, y el aprecio al profesionalismo que cuentan diferentes administraciones. En tiempos donde se esgrimen excusas cada vez más  ridículas para contratar incompetentes (como “lealtad” vs capacidad) es preocupante darnos  cuenta de que, llegado el momento, no existen  las condiciones humanas,   materiales   o   procedimentales para   hacer  una  entrega-recepción en toda norma en la mayoría de  los municipios mexicanos. La entrega, sin embargo, debe hacerse y muchas veces se desarrolla como una mera revisión de inventarios sin mayor trámite. 

El adecuado traslado de la Hacienda Pública, así como de los activos y asuntos públicos bajo la tutela de cualquier administración deben ser transferidos con mucho mayor profesionalismo y celo. Una de las razones para este desparpajo se encuentra en la escasa y breve notoriedad periodística de este trance, así como la baja expectativa y atención ciudadanas en torno de este. La falta de supervisión, así como la ausencia de escarnio y consecuencias lleva a procesos más ceremoniales que eficaces.

Archivos convencionales

A pesar de las múltiples ventajas que ofrecen los archivos electrónicos. La mayor parte de lo entregado se conserva en un formato análogo, lo que complica no solo el traslado y supervisión de los arcanos públicos, sino además el potencial aprovechamiento de los archivos y  los  datos contenidos  en ellos. Hoy, con el apoyo de la inteligencia artificial o de instrumentos mucho menos novedosos, se puede sacar el máximo provecho de archivos electrónicos a través de los datos que contienen, sin embargo, amplios sectores de  la  administración pública mexicana continúan  empleando  archivos  convencionales basados en papel, inertes, que requieren una lectura aislada e impiden la correlación y cruce de datos e información contenidas en los mismos. 

La administración en turno puede monopolizar a voluntad el uso y aprovechamiento de archivos bajo su custodia, generando así un potencial inapreciable para apetitos opacos e incluso corruptos. Estas piezas  de información pueden ser mutiladas, dañadas, alteradas, sustraídas o de plano eliminadas, causando un daño permanente a la memoria institucional y la rendición de cuentas. Aunque frecuentemente la normativa obsoleta mandata la generación y uso de archivos de papel, en no pocas ocasiones la falta de voluntad o exceso de prejuicio limita el potencial de archivos digitales. En el caso de los procesos de entrega-recepción resulta previsible que de entrega en entrega se genere una merma en la cantidad, calidad, revisión o disposición de estos archivos, hasta que eventualmente la parte esencial de estos procesos se vea sustituida a un mero inventario de activos físicos.

Procesos inacabados

Aunque el proceso de entrega-recepción termine reportando faltantes, es común que aquellos que no representen activos físicos como autos, computadoras o mobiliario, generen consecuencias para aquellas personas que fallaron en la custodia de su encomienda; esta tendencia se agrava en Ayuntamientos pequeños con poca experiencia o interés en comprender que el verdadero  activo a  resguardar es la memoria institucional.  Aun  cuando  se  finquen  responsabilidades estos procesos pueden tardar bastante tiempo y son desarrollados a espaldas de un escrutinio periodístico o ciudadano. 

Complejidad intrínseca

Los procesos de entrega-recepción revisten una complejidad intrínseca que resulta arcana para la mayoría de los ciudadanos y periodistas. Esta complejidad impide que puedan revisar a conciencia un proceso que podría estarse desahogando bajo sus narices, pero sin tener idea de lo que están viendo. Peor aún, el momento de entrega-recepción se encuentra rodeado de múltiples factores mediáticos relativos  al  arribo  de  la siguiente administración, ante el exceso de distracciones y la falta de claridad el proceso de entrega-recepción se desarrolla carente de la necesaria atención al mismo.

Estos y otros factores impiden que los procesos de entrega-recepción revistan la suficiente carga de legitimidad y la razonable expectativa de rendición de cuentas. Los  ciudadanos  deben  tener  claro –particularmente  aquellos que realizan gestiones para verificarlo con sus propios ojos– que el proceso de entrega-recepción fue llevado a cabo con la minuciosidad requerida y que los faltantes han sido debidamente consignados para proceder en su caso. La ciudadanía toda también merece tener una expectativa razonable de que sus activos encomendados al gobierno han sido debidamente custodiados y transmitidos; en su caso debe además tener certeza en los procedimientos contra funcionarios omisos o negligentes en el cumplimiento de su deber.

Sin legitimidad y rendición de cuentas, estos procesos de entrega-recepción se vuelven rutinas áridas carentes de sentido, por ello  se  requiere de  más y  mejor  participación ciudadana que permita que grupos interesados en dar seguimiento cuenten con los instrumentos metodológicos suficientes, así como acceso pleno al proceso sin entorpecerlo. Este interés ciudadano forzará a las administraciones públicas, grandes y pequeñas a contar con el personal capacitado, a resguardar con el cuidado debido los activos encomendados.

Para que estos propósitos se cumplan debe generarse un plan de transición serio que contemple desterrar los archivos físicos antes del fin de la década, facilitando así el acceso, custodia, uso y fiscalización del principal activo de cualquier administración pública: su memoria institucional.

La participación ciudadana puede aportar bastante al principio de rendición de cuentas al complicar cualquier esfuerzo de acuerdo cuestionable para “barrer la basura debajo de la alfombra”, puede además legitimar un proceso si este se llevó a cabo con el debido celo, procedimiento, y cuidado. Sin embargo, esta participación no se puede invocar por decreto, ni se le puede invitar mediante comités ciudadanos postizos. Se requiere de la voluntad y las condiciones, mismos que deben emerger de una exigencia pública y un acuerdo político. Esperemos que en el futuro ambos lleguen.