“La promoción de la integridad por parte de los OIC es fundamental” entrevista a Pedro Vicente Viveros Reyes

Pedro Vicente Viveros Reyes preside el Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción y el Comité de Participación Social. Es licenciado en Estudios Políticos y Gobierno por la Universidad de Guadalajara y maestro en Gobierno y Administración Pública Municipal y Estatal por El Colegio de Jalisco. Durante su trayectoria profesional ha ocupado diversos cargos tanto en la administración pública como en organismos de la sociedad civil y en esta entrevista para nodos nos comparte su perspectiva sobre el papel que tienen la participación social y los mecanismos de control en la construcción continua de la gobernanza en el estado.

Desde su trayectoria y ejercicio profesional, ¿cuál es el papel de la transparencia gubernamental en la construcción de la gobernanza?

Es fundamental. Hace quince años era imposible saber cuánto ganaba un servidor público. Un gobernador de Jalisco tuvo que ser denunciado penalmente por ello, cuando el día de hoy, en cualquier ente público del país, uno no debería dar más de cinco clics en la computadora para conocer el salario de cualquier persona servidora pública.

Hemos avanzado en el sentido de que podemos saber si un servidor o servidora pública presentó su declaración patrimonial, o podemos presentar una denuncia porque su ritmo de vida no es compatible con el salario que gana en un ente público. También podemos saber si un ente público realizó un estudio de mercado, o si sus adjudicaciones fueron directas, concursadas o por invitación. Esto nos permite determinar cómo funciona un gobierno en términos de gobernanza o de elementos para la gobernanza.

Por ejemplo, podemos analizar si un ente público municipal o federal, juega con los mecanismos legales para comprar todo por adjudicación directa o por invitación restringida, en lugar de abrir procedimientos públicos en los que cualquier empresario o empresa del país pueda participar en la venta de bienes o servicios a ese gobierno, cualquiera que este sea en el país.

Esto por supuesto que abona al ejercicio de rendición de cuentas. No se puede tener una democracia funcional y moderna sin rendición de cuentas.

La transparencia nos ha permitido saber qué ocurre en el servicio público del país, no combate la corrupción misma, pero la visibiliza.

Llevo años diciendo que pasamos de la opacidad ignorante, porque en los años setenta no sabíamos qué sucedía en el gobierno. A pesar de que en el sexto artículo constitucional decía que el derecho al acceso a la información sería garantizado por el Estado, nunca se reglamentó y estuvo muerto por años.

Por lo tanto, ignorábamos lo que sucedía y pasamos de la opacidad ignorante a la transparencia cínica. Porque luego, cuando se fueron normalizando los ejercicios de acceso a la información y de transparencia, nos dimos cuenta de que pasaban muchas cosas. Algunas, nos imaginábamos que sucedían y, con la transparencia, nos dimos cuenta de que no eran tan graves. Pero había otras cosas que no teníamos en mente, y que veíamos que sucedían y que impactaban en el ejercicio de los recursos públicos, en el abuso de poder, en las instituciones que se presentan en los entes públicos, pero a pesar de que sabíamos que sucedía, no se hacía nada al respecto.

El escándalo pasaba durante dos o tres días en un medio de comunicación, y el asunto se quedaba como una anécdota. Sin embargo, a partir del 2015, con el Sistema Nacional de Transparencia y la consolidación de nuestro esquema de transparencia y acceso a la información, llegó también el del combate a la corrupción. Esta es la otra gran parte que le hace falta al país para lograr una gobernanza basada en un ejercicio pleno de rendición de cuentas en el cual los servidores públicos tenemos la obligación de rendirle cuentas a la ciudadanía que vota por un partido político para que nos gobierne, ya sea en el municipio, el Estado o la Federación.

También me gustaría decir que, el entramado constitucional, legal, y de normalización de acceso a la información y de transparencia en México nos tomó dos décadas. No son asuntos que se resuelvan en quince minutos. El proceso de inhibición, de sanción y de combate a hechos de corrupción, es mucho más complejo que solamente el de la transparencia. Requiere de un entramado mucho más complicado y, por lo tanto, es complicado de su estructura.

Los temas de transparencia se componen de siete instancias a nivel nacional y a nivel local, como el ITEI y el INAI, que son órganos colegiados con independencia constitucional, hoy en debate. Sin embargo, eso ha hecho que nuestro sistema de transparencia, con sus bemoles, con sus tropiezos (que todos los sistemas tienen, porque los sistemas y los gobiernos son dirigidos por seres humanos, con todas sus virtudes y muchos defectos) sea un sistema ejemplar a nivel mundial, el cual costó veinte años de consolidación, pero el esquema de combate a la corrupción va en ciernes. Si habláramos de la vida de un ser humano, estaría en su niñez, y podría llevarnos dos décadas para ver resultados tangibles en este tenor.

Entiendo la desesperación de buena parte de la ciudadanía, que está justificada, y también las críticas de algunos partidos políticos o gobernantes, quienes señalan que el sistema no ha dado los resultados esperados. Yo creo que apenas tenemos los cimientos para poder construir un entramado institucional que empiece a dar frutos en el futuro cercano.

¿Cómo mejorar las herramientas de la función pública para fortalecer el combate a la corrupción, a fin de que sean más accesibles y comprensibles para la ciudadanía?

Es una disyuntiva compleja. Porque solo entre 6 o 7 por ciento de los mexicanos hemos ejercido alguna vez nuestro derecho de acceso a la información. Evidentemente nos hace falta pedagogía para traducir de manera simple esto, es un asunto multifactorial. Primero, ¿por qué a toda la gente le tiene que interesar lo que sucede en un ente público? En esta elección presidencial no llegamos a 60 por ciento de electores que acudieron a las urnas. Entonces, ¿a todo el mundo le tiene que interesar la democracia electoral? No es obligatorio. Si para el ejercicio fundamental, básico y elemental de cualquier democracia, que es el poder ir a votar de manera libre y secreta cada tres años, lo ejercemos en promedio 50 por ciento de la ciudadanía, ¿por qué tendría que haber una cantidad similar de personas que quisieran acceder a información pública? También lo vemos como una obligación e, insisto, en un ideal, la ciudadanía por completo debería estar interesada en qué sucede en sus comunidades, en su delegación, en su municipio, en su estado o en el país. Pero no es así. Y no es así no solamente por un asunto de desinterés, que es válido, sino también por un asunto de prioridades.

Buena parte de las mexicanas y los mexicanos tiene el problema de no saber cómo van a llegar al fin de semana, de cómo hacer para que sus hijos coman antes de la quincena o antes de la raya de la semana. Por tanto, hay prioridades y, lamentablemente, están enfocadas en solventar los servicios básicos.

¿Hablar de ir a votar o de acceder a la información, ya es referir un privilegio ciudadano?, ¿eso no depende de los institutos de transparencia?

¿Qué es lo que tenemos que hacer? No solamente los institutos de transparencia, sino los que nos dedicamos al servicio público o que estamos de alguna manera relacionados con los esquemas de transparencia, de rendición de cuentas y de combate. Tenemos que hacer que nuestro lenguaje sea mucho más accesible. Tenemos que acudir a las escuelas. Esta Contraloría lo hace, el Instituto de Transparencia lo hace, pero lo hacemos en la medida de nuestras capacidades. La función fundamental de la Contraloría del Estado es la prevención, la inhibición y la sanción de posibles actos de corrupción en los servidores y las servidoras públicas estatales.

La del ITEI es la de garantizar un derecho de acceso a la información y de transparencia, particularmente obligando a los entes públicos a que cumplan con lo que dice la norma. Entonces ¿qué tenemos que hacer funcionar como sistema? Tenemos que hacer que los de transparencia y anticorrupción puedan permear en el sistema educativo nacional. ¿Dónde aprende uno a ejercer eso que llamamos integridad? Solamente hay dos lugares: en la familia y en la escuela. No hay más.

Sin embargo, pensar que toda la ciudadanía tiene que estar interesada en el tema es una falacia que utilizan algunos para desafiar a los sistemas de transparencia y anticorrupción. Entonces, sí hay que hacer un ejercicio mucho más serio de lo que estamos hablando o pensando que ahora hay que votar a todos los que llegan a los institutos de transparencia o a los sistemas anticorrupción. Lo digo como una barbaridad, una barbaridad que hoy llega al Poder Judicial y con la que nunca podré coincidir o estar de acuerdo, porque si no, vamos a vivir en el asamblearismo y regresaremos a las épocas de Nerón o del circo público, donde se decide el futuro de unos pocos por la aclamación de las mayorías. Por favor, no podemos seguir en ese tenor.

En este sentido, pensando en la representación y el involucramiento de las mayorías, ¿qué otras barreras existen para extender la participación social como un contrapeso de la administración pública y cómo podrían superarse?

Es un tema complejo porque vamos retrocediendo, hay que hacer un poco de reflexión histórica. Por ejemplo, en el México posrevolucionario de partido único hasta 1988, aunque seguía gobernando ese partido, fue a partir de dicho año cuando tuvimos la alternancia democrática en México. La participación ciudadana estaba extremadamente controlada: las organizaciones obreras, juveniles, civiles, todas sumaban parte de los sectores del partido único y la disidencia era reprimida. Esa parte también se nos olvida. Hubo mucha gente que falleció, murió, fue asesinada, fue desaparecida por el Estado Mexicano por no estar en concordancia con el partido único.

Con la llegada de la alternancia, las organizaciones de la sociedad civil sectorizadas empezaron a tener visibilidad, presionando y gritando para ejercer sus derechos y el Estado mexicano se vio en la obligación de escucharlos y de atender temas de interés específicos en la sociedad. Creo que avanzamos mucho en ese sentido. Incluso se llegó a abrir tanto el esquema, que, en aras de la gobernabilidad y de la gobernanza, llegábamos a un asambleísmo que no nos llevaba a ningún lado.

Si bien en una democracia la mayoría en una sociedad decide sobre su gobierno y representantes, en una democracia plena siempre se decidirá tomando en cuenta a las minorías y no quiere decir que deben ser escuchadas y que el ejercicio no puede violentar estos derechos. Creo que viene una época en la que la organización civil se verá a prueba, en la que habrá que empujar por el reconocimiento de diversos derechos en todo el país para no ser avasallados.

Corremos un riesgo serio. Cambia el entramado constitucional del país, ese entramado que tanto costó construir del 1917 al 1988 y de 1988 a 2018, para ponerle fechas claras, al 2018. Entonces va a ser una obligación que va a recaer otra vez mayoritariamente en las organizaciones de la sociedad civil para no ir hacia atrás en los derechos que se han logrado durante las épocas de la gobernanza.

Tal vez, en las épocas de la alternancia democrática tuvimos a los gobiernos menos poderosos. Al tener gobiernos menos poderosos, también hay que reconocer que las democracias democráticas no resolvieron problemas fundamentales, como un salario digno, de un acceso digno a la salud y a la educación. Por eso, tenemos los centrales que tenemos el día de hoy, y hay un buen segmento de la población que, en aras de garantizar cubrir las deficiencias cotidianas, asume que prefiere perder derechos.

O sea, prefieren perder esos derechos con tal de tener más alimento, más salud o más educación. Y de pronto no me importa perder esos derechos porque tengo que resolver lo inmediatamente. Y puede que tengan razón, porque tú y yo no vivimos la desgracia de no tener que darle de comer a nuestros hijos, pero hay quien sí lo vive, de quien dice “prefiero comer a tener el derecho de acceso a la información”.

Dentro de estos mecanismos a corto o largo que se mencionan destaca la figura de los OIC y los entes fiscalizadores, ¿qué rol juegan en la construcción de la gobernanza?

Partiré de una crítica estructural, no a las personas. Los Órganos Internos de Control (OIC) no deberían ser nombrados por los titulares de los Poderes. Al órgano interno de control municipal no lo tiene que nombrar el presidente o el pleno del ayuntamiento. Tiene que haber un ejercicio mucho más amplio al contralor de un estado, no debería mandarlo el gobernador o la gobernadora, o al secretario de la Función Pública, no debería mandarlo el presidente de la República. Si bien se deben integrar para proteger esquemas de participación en la que, quienes se dedican a fiscalizar, respondan a un compromiso más amplio de auscultación, de mérito, de competencia, de participación de los poderes y de la sociedad civil. Cosa que todavía nos falta.

La promoción de la integridad por parte de los OIC es fundamental. Porque eso me va a hacer más fácil mi trabajo, en algún momento me tendrán que llegar menos denuncias, o en algún momento tendré que andar correteando menos a las y los servidores públicos, para que presenten su declaración patrimonial en tiempo y forma y llenarla de manera pertinente.

Por ello, la tarea de los OIC es la tarea fundamental. Ya después es la de abrir una carpeta, un procedimiento de responsabilidad administrativa, esas son las facultades legales que hay que ejercer como obligación. Pero tengo que hacer todo lo que esté a mi alcance para no llegar a ello. Y eso requiere de un trabajo previo que es mucho más complejo que a veces no se ve, pero creo que es la tarea fundamental de los OIC.

Lo ideal sería evitar sancionar, no por omisión, sino porque se cometan menos actos de corrupción. Y eso sólo se ejerce con estar recordando. La integridad también es un asunto cotidiano y hay que estarle recordando a la gente que hay que ejercerlo de manera cotidiana, porque si no es muy fácil que se nos vaya en la inmediatez, en este maremágnum que vivimos de información tan rápida y abrumadora, a veces se hace sin la capacidad de poderla procesar de manera sensata.

Para llegar a tener menos actos de corrupción existen varios mecanismos, ahora, como presidente del CPS compártanos ¿cómo han incorporado la agenda anticorrupción a los gobiernos municipales desde el Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de Jalisco?

Debemos echarle más ganas porque tenemos una deficiencia jurídica. Los Sistemas Municipales Anticorrupción tienen una normatividad muy laxa. En verdad, no hay una obligación jurídica de tenerlas. Es opcional para los municipios tener un sistema municipal anticorrupción. Entonces, en ese sentido, he de decir que la Contraloría del Estado, la Secretaría Ejecutiva y el Comité de Participación Social (CPS), particularmente estas tres instancias del sistema, sí hemos hecho nuestro mayor esfuerzo por incorporar a los municipios, a los gobiernos municipales a este esquema, instalando sus sistemas municipales anticorrupción.

La norma permite que, independientemente que sea opcional, que no sea una carga ni presupuestal ni administrativa para los gobiernos municipales, ya que permite que sea a través del presidente o la presidenta del Comité de Participación Ciudadana establecida en la Ley de Participación Ciudadana del Estado Jalisco, todos los municipios deben tener instalado su Consejo de Participación Ciudadana, que es un órgano consultivo y honorario, entonces, no cuesta, a través de la figura del síndico o del secretario del ayuntamiento para que le dé seguimiento en el gobierno municipal y en los cabildos y a través de la Unidad de Transparencia. Entonces, es un esquema muy noble que no le cuesta a los municipios para instalar. Aun así, he de reconocer que, en ese trienio que recién terminó, no pudimos instalar Sistemas Municipales Anticorrupción en más de 15 municipios de 125. Ahí está el número duro.

Eso no implica que los ayuntamientos, los gobiernos municipales, estén exentos del esquema. Ustedes tienen capacitación permanente y acompañamiento con los 125 órganos internos de control municipal. Ofrecemos diversas herramientas el sistema a través de la Contraloría, del CPS, de la Secretaría Ejecutiva para capacitación de las personas servidoras públicas municipales. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer una modificación legislativa que haga obligatorio los Sistemas Municipales Anticorrupción, en ese mismo esquema, que no sea una carga ni presupuestal ni burocrática para los municipios. La obligación del sistema estatal es acompañarlos, generando competencias para insumos, y así ir generando elementos que les permitan inhibir, capacitar y combatir esquemas de corrupción en el ámbito municipal.

Los gobiernos municipales tienen muchas obligaciones que les hemos agregado con el paso de los años, pero no les hemos dado las condiciones estructurales para que las cumplan, particularmente las presupuestales y las de capacidades jurídicas. Entonces, en este esquema hay que hacer que los ayuntamientos y gobiernos municipales hagan más eficiente el ejercicio de sus recursos.

Y eso pasa en buena medida por tener un buen órgano interno de control. Pasa por tener ejercicios de mejora regulatoria que les permitan es su normatividad interna, en su reglamentación, comprar de manera mucho más accesible, mucho más fácil, mucho menos compleja, sin muchos menos esquemas burocráticos que lo único que hacen es propiciar esquemas de corrupción. Entre más complejo o denso es tu reglamento, más vas a permitir esquemas de corrupción.